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Vidas a subasta

  • Santiago Blas Ruiz
22/11/2020

¿Cuánto vale el bienestar de tu hijo, hermano o padres? Suena tan ofensiva esta pregunta que nadie se atrevería a plantearla de manera seria. Bueno, casi nadie. Resulta que esta pregunta se vive cada cuatro años en el sector de la discapacidad. Los cargos públicos y los funcionarios del área exponen esta pregunta cuando redactan las condiciones con las que habrán de vivir cientos de personas en centro públicos de toda Navarra. Las empresas privadas se encargarán de marcar el precio de lo que valen estas vidas.

Hoy por hoy, el bienestar de las personas discapacitadas tiene un precio. El Gobierno de Navarra encarga a la empresa ganadora de unos pliegos velar por todas estas personas durante el tiempo estipulado. Cada vez que entra una nueva empresa supone una incertidumbre por la nueva gestión. Sobre el papel todo se sostiene, pero en la práctica resulta que los continuos cambios perjudican el buen desarrollo de los centros. Nuevas normas, distintos criterios de funcionamiento, diferentes condiciones en los hábitos de vida… Cambios periódicos que muchas veces tiran por tierra avances que se han estado trabajando duramente durante años. Si desde el Gobierno le dijeran que cada cuatro años una persona vendrá a su casa y podrá redecorar habitaciones, decirle cuándo poner la calefacción o lavar la ropa, a qué hora debe comer o salir a dar un paseo… Y, por supuesto, esa persona tendría un sueldo que pagaríamos entre todos. Lo haga bien o no. Le guste o no. La teoría también dice que esa persona que ahora gestiona su casa estará supervisada y deberá cumplir unos estándares mínimos. Mínimos.

Esta supervisión suele ser bastante relajada, unos informes, unas visitas guiadas y fotos para la prensa. Indagar más profundamente, sobre el terreno, es algo farragoso, incómodo para Gobierno y la persona o empresa que ahora hay en su casa, no vaya a ser que haya algo que no cuadre y tengamos que dar explicaciones. La foto gusta, pero la responsabilidad se delega. ¿Por qué no evitar intermediarios? Estableciendo unas pautas y criterios generales, lógicos y de largo plazo para que en cualquier centro se pueda adaptar a las necesidades y evolución de los mismos. Para que los profesionales que trabajan en el sector de la discapacidad puedan adaptar todos los recursos con una gestión directa, responsable, coherente y de calidad. Haciendo que el sector de la discapacidad regrese a la gestión directa del gobierno evitamos intermediarios con ánimo de lucro y los costes para las arcas forales no supondrían un especial desgaste si se hace de manera progresiva. ¿Por qué no quiere el Gobierno de Navarra gestionar directamente estos centros? Alguien dijo hace no mucho que el Gobierno de Navarra subcontrata para “quitarse el marrón” de la discapacidad. ¿Por qué no apostar a largo plazo? Una dirección sin mercadeo que ofrezca la estabilidad y tranquilidad a largo plazo que nuestros familiares merecen.

Propongo que sean valientes, que tomen las riendas de quienes más ayuda necesitan y no los usen como mercancía. Nuestros familiares más vulnerables no son ningún marrón. Merecen mucho más que ser subastados a empresas con ánimo de lucro de todo tipo cada cuatro años. Si queremos representar a una sociedad coherente, vanguardista y orgullosa del trato con los más desfavorecidos, deberíamos replantearnos si seguimos tratándolos como mercancía o si estamos a la altura para asumir una verdadera gestión, directa y donde la vida no sea moneda de cambio.


Santiago Blas Ruiz, trabajador del sector de la discapacidad desde hace 17 años


 

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