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Conciliar misericordia y legalidad

12/09/2018Manuel Sarobe Oyarzun

Las imágenes son crudas. Unos manteros agreden a un turista norteamericano en la plaza Cataluña de Barcelona. Uno de ellos le azota con un cinturón, con cuya hebilla le secciona la femoral. La víctima había socorrido a una mujer que recriminó a los vendedores ambulantes no poder pasar con una silleta de bebé. Un incidente que se suma a las frecuentes trifulcas de este colectivo con la policía, de la que antes huían y a la que ahora plantan cara. El Departamento de Estado de EEUU, muy celoso con la seguridad de sus nacionales, habrá tomado buena nota del hecho. Un baldón más para una ciudad castigada por el terrorismo yihadista, el secesionismo y un desgobierno populista con el que ha tocado fondo.

Y es que el origen del problema hay que buscarlo en la tolerancia de la alcaldesa Colau con el top manta. Un fenómeno antes restringido a la zona portuaria que se ha ido expandiendo por el resto de la capital catalana hasta hacer algunas vías públicas literalmente intransitables. ‘Sobrevivir no es delito’, se justifican los manteros. Depende de lo que hagan para ello, convendría matizar, pues la ley obliga a todos por igual. Nuestro Asiron es primo hermano de Colau en la materia, como hemos comprobado estos Sanfermines. Ambos se equivocan. Permitir la venta ilegal no es una acción social para sacar pecho, pues cronifica la explotación de la carne de cañón de las mafias que controlan un comercio fraudulento que causa a la industria española pérdidas superiores a los 7.000 millones de euros anuales. Mafias encantadas con estos alcaldes guais cuyo cándido buenismo favorece sus lucrativos negocios. Como lo hacen nuestras compras, por cierto.

Si queremos ayudar a estos desheredados, hagámoslo bien, dentro de nuestras posibilidades. Estudiemos su acceso a los servicios públicos básicos. Facilitemos su empleabilidad. El propio Ayuntamiento podría contratar unos cuantos para ocuparlos en aquellos cometidos que desatiende, como retirar las vallas de la Vuelta del Castillo tras los Sanfermines, adecentar parques y jardines, limpiar de propaganda abertzale los barrios en fiestas, arreglar la pasarela del Labrit...

Pero, en tanto delinquir resulte impune, reintégrense las tasas a los pardillos que todavía las pagan por vender su género en la calle, pues quien acata la ley no merece peor trato que quien la vulnera. Indemnícese seguidamente a los comerciantes pamploneses -a incluir en el catálogo de especies protegidas de Navarra- el quebranto económico que la pasividad municipal frente a la competencia desleal les ocasiona. Comerciantes a quienes Hacienda persigue sin piedad cuando eluden sus obligaciones fiscales frente a su inacción para con los manteros. Y, claro está, si los ingresos merman, recortemos gastos superfluos, como la nómina de julio de Asiron, de la concejala Gómez -tan ineficaz en este tema como Barkos con los okupas- y del consejero Aranburu, pues es de justicia que quien no cumpla con su deber no cobre. Es muy fácil hacer caridad con dinero ajeno. Descartemos a los primeros, además, como futuros alcaldes de Pamplona, salvo que ambicionemos vivir en una ciudad sin ley.

Hemos de aspirar a acoger a aquellos inmigrantes a quienes podamos ofrecer algo más que un pedazo de acera y guardias haciendo la vista gorda. O sea, la vida digna que toda persona merece. Sólo así evitaremos la peligrosa asociación entre inmigración y marginalidad o criminalidad, que es lo que alimenta el creciente discurso xenófobo. Pero, no nos engañemos, esa capacidad es limitada. África no cabe en España. Conciliar misericordia y legalidad es el difícil sudoku al que nos enfrentamos.

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