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USERA

La Policía baraja la venganza o el ajuste de cuentas en el triple asesinato

El dueño del despacho de abogados denunció en 2006 a una juez peruana vinculada a un narco y ahora "estaba hasta arriba de deudas"

La venganza o el ajuste de cuentas, principales hipótesis del crimen de Usera

Balcones del despacho de abogados situado en el número 40 de la calle de Marcelo Usera de Madrid, donde han sido encontradas muertas tres personas tras un incendio.

EFE
Actualizada 23/06/2016 a las 20:36
  • COLPISA. MADRID
El crimen más grave en la última década en Madrid no solo dejó un macabra escena en la vivienda de la calle Marcelo Usera 40, donde este miércoles fueron asesinadas tres personas en un bufete de abogados, sino también un cúmulo de cabos sueltos que la Policía trata de juntar para encontrar al autor o autores del brutal homicidio de dos mujeres cubanas -trabajadoras del despacho- y un cliente ecuatoriano que había ido a recoger unos papeles.

Los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Judicial barajan dos líneas de investigación tras tomar declaración este miércoles por la noche al dueño del despacho, el abogado peruano Víctor Salas Coveñas, especializado en asuntos de extranjería. Una venganza por un asunto del pasado sobre narcotráfico en su país de origen o un ajuste de cuentas por las supuestas deudas contraídas por el letrado estarían detrás del triple asesinato, que llevaría el sello de un sicario por la extrema violencia empleada y la intención de destruir pruebas tras incendiar la casa con gasolina.

Pocas dudas tienen los investigadores de que el objetivo, en realidad, era el propio Salas Coveñas, que se encontraba en su domicilio cuando ocurrieron los hechos, entorno a las 17:00 de la tarde. Fue una de las fallecidas, Elisa C. G., cubana de 33 años y mujer del abogado desde hacía menos de un año, quien le avisó por teléfono que una persona con aspecto "raro" le estaba esperando, según fuentes del caso. Cuando éste llegó con su moto, sobre las 18:15 horas, se encontró a dos clientes en el portal, esperando, porque nadie les abría. Subieron los tres y al llegar a la puerta vieron que salía humo por debajo de la puerta.

El abogado bajó corriendo a su moto, cogió las llaves y les abrió. Éstos pasaron y comenzaron a gritar si había alguien dentro. "Chicas, salgan, ¿alguien está ahí?". Pero nadie contestó. Fue entonces cuando se encontraron con el "tremendo" escenario. En el salón estaba tendido el cuerpo de Pepe C. V., de 43 años, que tenía un fuerte golpe en la cabeza por una barra de hierro que se encontraba en el despacho, y no por un hachazo como en un principio se apuntó.

Las otras dos asesinadas estaban en otras estancias. La citada Elisa, mujer de Salas Coveñas, y María O.R., cubana de 46 años a quien sus familiares y vecinos en el madrileño barrio de Usera llamaban Maritza. Ésta repartía publicidad desde hace cuatro años y acababa de terminar la carrera de Derecho. Una tenía un golpe en la cabeza y la otra fue acuchillada en el cuello. Ambas estaban parcialmente quemadas.

UN NARCO ISRAELÍ

En el Instituto Anatómico Forense se agolpaban este jueves familiares de las víctimas, quienes revelaron que Víctor se casó con Elisa "por conveniencia" hace ocho o nueve meses, justo cuando la mujer había terminado de homologar sus estudios de Derecho en Cuba para poder ejercer como abogada en España. También comentaron que aquél había recibido amenazas y acumulaba cuantiosas deudas. Elisa y María se conocían desde hace años y ambas procedían de la misma provincia cubana, Holguín.

En línea con las hipótesis de la Policía, los familiares de ésta última se mostraron convencidos de que el crimen pudo deberse a un ajuste de cuentas o venganza de algún cliente contra el jefe del bufete, que "en ocasiones ni iba a los juicios" y que defendía tanto a personas que solo tenían problemas de documentación como a traficantes y otros delincuentes. "Estaba de deudas hasta arriba" e incluso debía dinero a Hacienda y había sido amenazado, señalaron.

Precisamente, según consta en las resoluciones de la Oficina de Control de la Magistratura de Perú, Salas Coveñas denunció en 2006, cuando tenía 25 años, que una jueza peruana le pidió que manipulara un proceso judicial contra un narcotraficante de origen israelí. A raíz de dicho proceso, Ana Espinoza fue apartada de la judicatura, acusada de cambiar el tipo penal por el que se juzgaba al narco Zeev Chen para rebajar la pena, de modificar la sentencia para reducir la indemnización que debía pagar, 500.000 soles (134.000 euros) y de modificar la fecha de un recurso de nulidad para que entrase en plazo.

Tras conocer esta historia y ante el temor a nuevas represalias, la Policía decidió este miércoles poner protección al abogado tras tomarle declaración.
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