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Tribunal Supremo

Indemnizan a una mujer que pasó 542 días presa por un homicidio que no cometió

El Supremo condena al Estado a pagar a una mujer absuelta tras un forcejeo con un hombre que falleció

Fachada del Tribunal Supremo.

Fachada del Tribunal Supremo.

BASTERRA, JONAN
24/05/2016 a las 06:00
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  • COLPISA. MADRID
El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar a una mujer una indemnización de 60.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por prisión preventiva, al considerar que estuvo 542 días encarcelada por un delito de homicidio que no existió. Verónica G. V. fue absuelta por un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid tras considerar como único hecho probado que el fallecido, Rogelio T., se clavó accidentalmente el cuchillo en el pecho durante un forcejeo con la acusada.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye ahora que al faltar la acción típica del homicidio -debido a que el fallecimiento de la víctima se produjo al clavarse él mismo un cuchillo en el pecho- la inexistencia del delito imputado determina, de acuerdo con la jurisprudencia de la sala, la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado.

Por este motivo, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la recurrente y anula el fallo de la Audiencia Nacional que entendió que no se daban los requisitos para indemnizar a la recurrente, cuya absolución se produjo por la inexistencia de pruebas de cargo suficientes contra ella. La misma sentencia rechazó la petición de indemnización por error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

PEDÍA 1,2 MILLONES

La sala indica que la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva al ignorar el hecho declarado probado por el jurado y que fue la razón de la absolución de la recurrente. Por todo ello, añade que se trata de un caso de inexistencia del hecho imputado -inexistencia objetiva- o, lo que es lo mismo, de ausencia de imputación por inexistencia del hecho delictivo.

Además de 1.054.656 euros por el tiempo que estuvo encarcelada, la víctima reclamaba 18.655 euros por lo que dejó de percibir al perder su trabajo, 12.169 euros por la pérdida de la residencia legal en España hasta que interpuso la reclamación previa, 80.000 euros por daños psicológicos y 100.000 euros por daños morales y derecho al honor.

De todas esas cantidades, la sala reconoce el derecho de la mujer a cobrar 60.000 euros por prisión preventiva pero deja fuera los otros conceptos reclamados por la misma.
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