Falta cordura constitucionalista

En un pleno cargado de extrema tensión en el que las gruesas descalificaciones cruzadas sobre supuestas intenciones golpistas y el griterío sustituyeron a un civilizado intercambio de ideas, el Congreso aprobó ayer la reforma por la vía de urgencia del Código Penal promovida por el PSOE y Unidas Podemos en aspectos tan sensibles como los delitos de sedición y malversación. La proposición de ley, además, rebaja la mayoría necesaria para que el CGPJ designe a magistrados del Tribunal Constitucional, cuya pendiente renovación inclinaría la actual mayoría conservadora hacia el sector progresista. La corte de garantías decidirá el lunes si paraliza esos cambios -aún pendientes de tramitación en el Senado-, lo que carece de precedentes. El PP y Vox pretendían que se suspendiera la votación al considerar que han sido incumplidos los trámites para modificar una ley orgánica. Junto a los recursos de ambos grupos, el TC estudiará un escrito en contra de los socialistas y la recusación de dos de sus miembros con el mandato caducado por parte de los morados. A la vista de la aguda polarización, el pronunciamiento del Constitucional puede desatar una crisis institucional muy preocupante que en parte se escenificó en el Congreso. La democracia es procedimiento y equilibrio entre la preeminencia de la mayoría y los contrapesos establecidos para garantizar la ley. La crisis institucional deriva del descrédito al que están siendo sometidas las instancias constitucionalmente ajenas a la pugna partidaria: el CGPJ, los órganos judiciales y el TC. Por ello es un despropósito injustificable que el PSOE y Unidas Podemos comparen lo ocurrido ayer con el 23-F o califiquen una determinada y eventual decisión de la corte de garantías como “una amenaza para la democracia”. Sánchez y su gobierno han conseguido llevar al país a una situación de máximo enfrentamiento institucional, despreciando la división de poderes exigida para el buen funcionamiento de cualquier democracia.