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"¿Merece la pena celebrar la Constitución?"

"Hoy, en nuestro Estado, desgraciadamente, la confusión de poderes es algo más que una aspiración"

Avatar del Manuel Pulido Manuel Pulido06/12/2022
Este 2022 la Constitución española de 1978 cumple 44 años de vigencia. Se acerca a la longevidad de la Constitución de Cánovas del Castillo, que duró 47 años, desde el inicio de la restauración alfonsina en 1876 hasta el golpe de Primo de Rivera en 1923. Después, tras la dictablanda de Berenguer (1930) y las elecciones de abril de 1931 pilotadas por el almirante Aznar, la República emergió espontáneamente con los firmantes del Pacto de San Sebastián, como gestores del movimiento popular republicano.
La Constitución de 1978 hizo posible la incorporación de España al movimiento liberal que inauguró las Cortes de Cádiz (1812), de efímera vigencia. Pero que resultó ser un icono liberal democrático para lo que vendría después. Lo que vino después no fue demasiado saludable como pretende la Ley de Memoria Democrática, puesto que los movimientos democráticos que condujeron a la aprobación de la Constitución de 1869 y de 1931, no fueron otra cosa que intentos fallidos de construir un Estado democrático.
Los textos constitucionales han pasado de considerarse un documento político, como mantenía nuestro Tribunal Supremo en 1981, a ser una verdadera norma jurídica que incorpora los valores y principios constitucionales sobre los que se sustenta el cuerpo normativo de un Estado, el ordenamiento jurídico, impregnando todo su contenido. Pero la Constitución además diseña un sistema político, en nuestro caso, de carácter parlamentario, con un monarca como Jefe del Estado a su cabeza. Y además establece unos mecanismos de control de los poderes constituidos para que no incurran en arbitrariedad ni en abuso de poder.
En tal sentido, no debe olvidarse que la Constitución hizo una opción funcional por la separación de poderes. Hoy, si Montesquieu nos obsequiase con sus deliciosas Cartas Persas escritas en 1717, dispararía sin rubor contra la aspiración a la unidad de poder y concentración de funciones que cualquier observador, fuese jurista persa o no, apreciaría como tendencia en nuestro sistema político.
La democracia, pese a lo que sostienen algunos autores y la mayoría de nuestros políticos actuales, no es solo una regla de procedimiento para gobernar; es un sistema de gobierno, que como diría Abraham Lincoln, legitima el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, y que en nuestra época contemporánea requiere que su ejercicio esté impregnado del sistema de valores y de mecanismos de control del poder que nuestra Constitución impone.
Hoy, en nuestro Estado, desgraciadamente, la confusión de poderes es algo más que una aspiración. El Gobierno controla al Legislativo, impone su orden del día, suspende su actividad como ocurrió en el estado de alarma y mantiene a través de su presidencias, las prerrogativas gubernamentales, como acredita la contemplación de los debates en el Congreso y el Senado.
No es el Parlamento que diseñaron nuestros constituyentes y que con sus luces y sus sombras, se ha mantenido en estos últimos cuarenta años. Esta depreciación de la institución parlamentaria es un reto a considerar.
Tampoco tenemos el Poder judicial que diseñó el constituyente. No el que se refiere a la administración de justicia uti singuli por cada magistrado en su juzgado o tribunal, con sus aciertos y errores, sino el de los órganos supremos o superiores decisorios; de aquellos que juzgan la constitucionalidad de las leyes, de los que a través del recurso de amparo controlan las decisiones judiciales que interesan; la de los que componen la más alta magistratura, en especial los integrantes de la Sala de lo Penal y Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Todo ello, a la vista del mejunje actual, permitiría preguntarse como Federico de Prusia, en el caso del molinero, ¿si todavía quedan jueces libres en Berlín?
Merece, por tanto, celebrar la Constitución, no para caldear los corazones, sino para recordar las cosas que hoy no se cumplen, y que deberían cumplirse; para celebrar la letra y espíritu de concordia de la Constitución de 1978, para lo que se necesitan hombres libres y jueces de tal condición.
Manuel Pulido Quecedo Doctor en Derecho Constitucional
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