Lo que propone Sánchez consigue incertidumbre e inseguridad jurídica

El debate sobre el estado de la nación nos dejó un reguero de medidas propuestas por parte del Gobierno que mucho me temo van a tener el efecto contrario al originalmente previsto. El presidente Sánchez ha anunciado que se pondrá en marcha un impuesto a las grandes empresas energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras). De carácter excepcional y temporal, gravará los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y 2023 y se estima una recaudación anual de 2.000 millones de euros al año. También se aprobará un impuesto a las entidades bancarias: tendrá una duración de dos años, sobre los ejercicios 2022-2023, y se prevé que recaude en torno a 1.500 millones de euros al año. Eso sí, la indefinición de cómo se van a articular estas medidas es todavía alta. En un momento como el actual, con una incertidumbre económica tremenda, una inflación desbocada -con meses por delante con subidas de precios afectando a familias y empresas- y un conflicto bélico con graves implicaciones energéticas para Europa, lo que los mercados necesitan es confianza, previsibilidad y estabilidad para que se pueda apostar por nuestro país. Lo que está proponiendo el presidente consigue todo lo contrario, incertidumbre e inseguridad jurídica que hacen una España menos creíble y solvente de donde los inversores extranjeros huyen. El mismo día de la presentación de las medidas, la banca perdió mas de 5.000 millones de euros en Bolsa, hoy ya son más de 6.500 millones de euros y las energéticas casi otro tanto. Como se suele decir, ya nos hemos merendado la cena. Las pérdidas superan los ingresos extraordinarios previstos de los dos próximos años; y esto en menos de una semana. Ver para creer. Hay que recordar que entre los grandes perdedores se encuentran los pequeños ahorradores españoles y también el propio Gobierno por su participación a través del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) con el 16,11% de CaixaBank (más de 330 millones de euros el primer día). Las medidas anunciadas, claramente políticas, arbitrarias, intervencionistas y populistas, ponen a las grandes corporaciones energéticas y a las grandes organizaciones financieras en la picota. Otra vez, los malos de la película. De nuevo, la empresa como enemigo a batir, en vez de como entidades generadoras de empleo y riqueza para la sociedad. ¿Justificación? Beneficios caídos del cielo para las energéticas e incremento de tipos de interés previstos en los próximos meses para las financieras. Nos olvidamos de los seis años anteriores, con tipos anormalmente bajos donde el dinero ha sido gratis y ha supuesto la pérdida de 105.000 empleos y el cierre de 27.000 oficinas bancarias. Igualmente habría que recordar los momentos del cierre de las empresas en pandemia donde las energéticas no tenían ingresos por falta de demanda y con precios del kilovatio rondando los cero euros. Las empresas necesitan seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma. No es capricho, sino necesario para que la inversión llegue a las compañías. En este contexto, generar confianza resulta crucial. Lo que se está generando es justo lo contrario: desconfianza y pesimismo. Leía estos días un artículo de Sebastián Albella, ex presidente de la CNMV. En él indicaba cómo al reunirse siendo el presidente de la CNMV de 2016 a 2020 con inversores instituciones y entidades financieras, siempre incidía en cuatro aspectos positivos sobre España. El primero: España es un país muy estable y anclado en Europa. El segundo: somos un país serio en el que las leyes se aplican y los cambios normativos son razonablemente previsibles. Tercero: España es un país abierto donde es factible que inversores extranjeros tomen participaciones o incluso el control en empresas relevantes. Y, por último: nuestra economía se apoya más en lo privado que en lo público, por lo que resulta más dinámica. ¿Se imaginan a alguien intentando defender estos mensajes estos días? Además de poco convincente, seguramente fuera tachado de iluso. Frente al afán recaudatorio del Gobierno, no se ha aprobado ninguna medida de contención o eficiencia del gasto público. Si el objetivo es llegar a final de legislatura, seguramente las medidas anunciadas ayudarán a apaciguar las aguas del Gobierno de coalición. Pero no van a apaciguar a los mercados, caídas en Bolsa de por medio, que cada vez ven a España como un país inestable, poco creíble, atractivo y solvente, para el establecimiento de empresas e inversiones. El pesimismo que estamos viviendo lo perciben los españoles de primera mano: según una reciente encuesta de Metroscopia, España está en declive para el 48% de los ciudadanos, y el 32% considera que está estancada. El Gobierno de Navarra no debería seguir la senda de esta política populista del Gobierno central de corto recorrido y sí que habría de utilizar su autonomía fiscal para ayudar a las empresas y trabajadores bajando impuestos y ganándose la credibilidad de los inversores. Si además va acompañada de una reducción de los gastos innecesarios, seremos capaces de crecer a mayor ritmo que el resto del país con una reducción del déficit y de la deuda, objetivos que deben seguir presentes. José María Aracama Yoldi Presidente del think tank Institución Futuro

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