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Opinión
EDITORIAL

Presiones políticas que anulan contratos

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DN
08/10/2016 a las 06:00
  • DN. PAMPLONA
Tienen un punto de esperpento político. El Gobierno foral organiza un concurso para que una empresa especializada realice un informe para analizar la posibilidad de crear una banca pública en Navarra. Se trata de un compromiso del nuevo Gobierno cuatripartito. Se presentan tres ofertas y se adjudica a la que mejor cumple las condiciones, la firma madrileña AFI (Analistas Financieros Internacionales) que dirige el economista Emilio Ontiveros. Todo un clásico en el panorama de la consultoría financiera española y, por ello, expertos que han trabajado para muchas de las antiguas cajas españolas, incluida de modo singular Caja Navarra, con la que mantenían una estrecha colaboración. Este hecho origina un frontal rechazo en dos socios del Gobierno, sobre todo de Podemos y Bildu, que ponen el grito en el cielo ante la posibilidad de que sea AFI quien opine sobre su ansiada banca pública. Hasta aquí un lío político como otros tantos de los que este Gobierno tiene cada día. Pero el problema llega cuando es el Ejecutivo quien cede a la presión de su socios, recula y da marcha atrás en la adjudicación ya dada para, acto seguido, declararla desierta. El vicepresidente Ayerdi no lo justificó ayer con razones técnicas. No. En absoluto. Lo justificó por el “ruido mediático” que había causado el que AFI fuera la adjudicataria. Más bien por el ruido político entre sus socios, que es la verdad que se esconde tras este tema. Cuesta creer que un Gobierno serio deshaga un contrato por presiones políticas. Y encima de una forma tan evidente y burda como la que aquí acabamos de presenciar. Difícil a partir de ahora hablar de rigor administrativo en el actuar de este Ejecutivo. Esta decisión envía el mensaje al mundo empresarial de que las decisiones administrativas se pueden revocar por presiones políticas. Así de claro. No es un problema de cuantía, se trata de un contrato de 40.000 euros, sino de fondo. De concepto. Todo un retroceso evidente en un mundo, el de los contratos públicos, que debiera estar presidido por la objetividad y la transparencia en las decisiones.

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