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Opinión
EDITORIAL

La legalidad y ética de las tarjetas 'black'

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DN
01/10/2016 a las 06:00
  • DN
Comenzó ayer la declaración de los 65 ex altos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia juzgados por el uso fraudulento de las tarjetas ‘black’. El primero en dar su versión fue el que fuera presidente de la caja madrileña entre 1996 y 2010, Miguel Blesa. Máximo responsable de una práctica que constituye uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. No tanto por la cuantía supuestamente apropiada de forma indebida sino por el abuso, descaro y falta de escrúpulos de los máximos responsables de una entidad en bancarrota, que además tuvo que ser rescatada por el Estado. Salas de subastas, joyas, material deportivo o dietas de adelgazamiento fueron algunos de los gastos, por más de 15 millones, costeados con las tarjetas opacas. Al haber prescrito la responsabilidad por los importes no declarados entre 1999 y 2002, la Audiencia Nacional solo juzga el periodo entre 2003 y 2012, en el que se contabilizaron 12 millones de euros, de los que apenas se habrían devuelto 2,51. La justificación esgrimida ayer por Blesa resultó de un simplismo vergonzante. Recordó que ni el Banco de España ni Hacienda “pusieron tacha alguna” al uso de estas tarjetas.

“Los auditores lo conocían todo perfectamente, cuál era la tratamiento fiscal, todos los conceptos, todo, pero luego lo omite en el informe que se envió al FROB y que sirvió de base para la acusación”. Según el instructor, Fernando Andréu, existiría delito de administración desleal en la conducta de los Consejos de Administración por aprobar el uso de las tarjetas, en tanto el resto de directivos habría cometido delito de apropiación indebida por el uso realizado. Los hechos repugnan porque ponen de manifiesto la desfachatez de los administradores de la caja de ahorros y la desvergüenza de los consejeros políticos y sindicalistas, de derechas y de izquierdas, que se llevaron a manos llenas el dinero de una entidad en ruinas. Un episodio que simboliza la corrupción y falta de escrúpulos morales en que ha vivido este país. Es del todo inaceptable que unos gestores públicos, que contaban con unas remuneraciones escandalosas, dispusieran de unas tarjetas para gastos personales ilimitados. No hacen falta jueces, auditores o inspectores fiscales para determinar la ilicitud de esa conducta.

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