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Opinión
EDITORIAL

Tasas judiciales sí, pero razonables

El Tribunal Constitucional ha dado la puntilla al proyecto de tasas judiciales, pero no porque vulnere el principio de gratuidad de la Justicia sino por ser desproporcionadas, y por tanto disuasorias

Un año en entredicho del Gobierno Barkos

DN
30/07/2016 a las 06:00
  • DN.ES.PAMPLONA
E L Tribunal Constitucional ha declarado nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas en su momento por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. El alto tribunal da la puntilla al intento del Gobierno popular de que los tribunales cobren por impartir Justicia. Ya en 2015 el actual ministro en funciones, Rafael Catalá, eliminó mediante Real-Decreto las tasas judiciales para personas físicas si bien mantuvo el tributo a las jurídicas, incluidas las pymes. En respuesta a la contestación de sectores profesionales, sociales y políticos, el sustituto de Ruiz-Gallardón aceptó una reducción de 80 por ciento en el tramo variable de dichas tasas para las personas físicos y la liberación del pago del total de la tasa en separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

El exalcalde de Madrid y expresidente de la Comunidad madrileña pretendió reorganizar el sistema judicial español reformando innumerables leyes y revisando tanto los códigos civil y penal como las leyes procesales, la ley orgánica del Poder Judicial… Y la ley de tasas, que vulneraba el principio de justicia gratuita que consagra la Constitución. Ahora, el TC ha estimado el recurso presentado por el PSOE, aunque lo ha hecho parcialmente, ya que los magistrados consideran que el establecimiento de tasas judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social “no vulnera, en sí mismo, el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, no incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia”. Para los jueces, es la cuantía de las tasas la que resulta “desproporcionada” y puede producir un “efecto disuasorio” en los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales de Justicia. De ahí que consideren que los fines perseguidos por la ley recurrida son “constitucionalmente legítimos” por tratar de evitar situaciones de abuso por parte de los que no buscan tutela judicial sino ventajas mediante la dilación de los procedimientos. Un objetivo que no se puede discutir, pero mal resuelto por el Gobierno. La excesiva precipitación o un mal asesoramiento le ha impedido dar un paso adelante en la mejora la Justicia.

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