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MACROECONOMÍA

"Estimado presidente, nuestro sector precisa..."

Los siete principales actores de la economía española ponen negro sobre blanco sus prioridades para el nuevo Gobierno que depare la cita del 26-J

​Rajoy pide concentrar el voto moderado en el PP para que no los sume Podemos

Rajoy, durante un discurso de su campaña en Guadalajara.

EFE
19/06/2016 a las 06:00
  • COLPISA
En apenas una semana los españoles vuelven a tener una cita con las urnas tras el fiasco de los comicios del 20-D. A priori, debería ser definitiva para formar un nuevo Gobierno tras seis meses en funciones del actual pero no está del todo claro. Por si acaso, los siete principales sectores y actores de la economía española ya han elaborado, a petición de este medio, su carta particular de demandas para revitalizar su actividad en particular, y la del país en general, lo antes posible.

AGENTES SOCIALES

1. Patronal y sindicatos solicitan más políticas activas de empleo.

2. Ambas partes reclaman fomentar la contratación indefinida.

3. CC OO y UGT, además, piden una renta mínima garantizada.

España es el segundo país de la UE con más paro (21% en el primer trimestre según la EPA), sólo por detrás de Grecia. De ahí que los agentes sociales tengan como máxima prioridad para el futuro gobierno las medidas para reducir el desempleo. En este sentido, CC OO y UGT piden iniciar la legislatura con un plan de choque para atajar esa lacra en los colectivos más vulnerables como los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración. También reclaman una subida progresiva del salario mínimo interprofesional de hasta el 45% hasta los 950 euros, empezando ya por un alza del 22% en 2017 para alcanzar los 800 euros.

Los sindicatos también ven imprescindible para acabar con la precarización del empleo derogar las dos últimas reformas laborales y apostar por la contratación indefinida. Otra de sus prioridades es la aprobación de una renta mínima garantizada, que equivaldría al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 426 euros. CC OO y UGT han presentado 700.000 firmas en el Congreso para tramitar esta medida que podría beneficiar a 2,1 millones de personas. El coste sería de 11.000 millones de euros y se financiaría con los impuestos vía Presupuestos. Por eso ven con buenos ojos una subida en la tributación empresarial y el IRPF a las rentas altas.

Unas propuestas que chocan con las planteadas desde la patronal. De hecho, la CEOE ve básico para consolidar la recuperación y el empleo "intensificar la consolidación fiscal" mediante la reducción del déficit y la deuda pública. En materia impositiva apuesta por reducir la presión fiscal a las empresas, que en los tipos teóricos se encuentra por encima de la media europea. Asimismo, piden "evitar introducir nuevas figuras tributarias" o que se recuperen algunas "casi desaparecidas" (Impuesto de Patrimonio). También insisten en una mayor coordinación de la política tributaria estatal y de las comunidades, hasta el punto de pedir "suprimir" la mayoría de los 100 impuestos autonómicos (muchos medioambientales).

En materia laboral la organización dirigida por Juan Rosell siempre se ha mostrado partidaria de mantener la moderación salarial para ganar competitividad. Además, solicitan al próximo Gobierno racionalizar el número de contratos, potenciar el contrato indefinido y a tiempo parcial y rebajar las cotizaciones sociales. Todo ello junto a más inversión en políticas activas de empleo, flexibilizar la negociación colectiva y definir claramente la ultraactividad de los convenios.

BANCA 1. Presionar a la UE para culminar la regulación del sector.

2. Evitar fórmulas de banca pública como las vistas en el pasado.

3. Coordinar cualquier gravamen tributario en el marco europeo.

Conscientes de que las decisiones que marquen su futuro no pasan tanto por La Moncloa como por Bruselas, las entidades financieras saben que el futuro Ejecutivo puede ser determinante para que las autoridades comunitarias "comiencen a cerrar" el proceso regulatorio que definirá al sector. Normas sobre requerimientos de capital, provisiones y otras exigencias provocan "una incertidumbre" a la que lleva sometida la banca desde hace varios años, según se queja José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB). Desde la patronal reclaman que el Ejecutivo "de muestras de reconocer el papel esencial" que desempeñan las entidades "por el buen funcionamiento de la economía", y sobre todo de cara a la ciudadanía. Una suerte de apoyo institucional tras una larga crisis que ha mermado la imagen de parte del sector. Pero ante la posibilidad de que se instaure una banca pública, a través de entidades nacionalizadas como Bankia o BMN, la AEB sostiene que la historia muestra que no sería apropiada en una situación como la actual, donde el sector "cumple con su función de atender las necesidades" financieras de la sociedad. En lo que también se muestran rotundos los bancos españoles es a la hora de afrontar cualquier tentación de subida de impuestos que afecte al sector, como tasas a los depósitos, gravámenes por beneficios o figuras tributarias de solidaridad con la sociedad, tal y como se está proponiendo por parte de algunos partidos políticos. Al respecto, la AEB advierte de que cualquier medida fiscal de ese estilo "debería estar coordinada a nivel europeo" para que los bancos españoles trabajen en igualdad de condiciones que sus competidores continentales.

ENERGIA

1. Sacar del recibo conceptos "ajenos" a la electricidad, por ejemplo, las primas a renovables.

2. Rebajar la fiscalidad de la energía, como el IVA (21%) o el impuesto de electricidad (5%).

3. Supresión de tributos autonómicos medioambientales.

Las compañías del sector eléctrico, en el centro de muchas críticas sociales en la última legislatura, quieren que el futuro Gobierno modifique las condiciones de la factura de la luz para que su coste se reduzca. Aunque lo que proponen más bien es trasladar la parte de las tasas e impuestos del recibo "que no le son propios", según Unesa, lo que supondría incorporarlos indirectamente a los Presupuestos del Estado. Se trata, entre otros conceptos, de las primas a las energías de régimen especial o la amortización del déficit de tarifa. La mitad de la factura, recuerdan, ya pertenece a estas variables ajenas al consumo. Además, las grandes eléctricas quieren que el IVA que soporta la factura (21%) también descienda a tipos más reducidos; o modificar el impuesto de electricidad (hoy en del 5%). También en el campo fiscal ven necesario suprimir los gravámenes "que producen distorsiones en la actividad de generación", por ejemplo, los medioambientales de ámbito autonómico, muchos de los cuales se han potenciado con la crisis. El sector, representado en Unesa, también pide impulsar el vehículo eléctrico o cumplir los objetivos en reducción de emisiones e impulso de las fuentes de energía 'verdes'.

AUTOMOCION

1. Un nuevo programa de ayuda para el achatarramiento de coches con más de 10 años.

2. Revisión de los impuestos que gravan la compra de vehículos.

Ha sido uno de los sectores más beneficiados los últimos años por las ayudas directas a la compra aprobadas por el Gobierno, así como los acuerdos entre fabricantes y trabajadores para mejorar la producción. Ahora, desde Anfac (la patronal de los primeros) piden mantener programas de achatarramiento para renovar un parque automovilístico que tiene, de media, 11,6 años. Tras ocho exitosas ediciones del PIVE, el sector es consciente de que "no puede sostenerse para siempre". Aunque sí ve posible otras ayudas que fomenten la modernización de los vehículos que ya están en uso. En Anfac tampoco olvidan la fiscalidad, al ser partidarios de "mejorar la tributación a la compra". Eso sin olvidar reducir o suprimir el impuesto de matriculación, y actuar igual en otros como el de circulación.

TURISMO

1. Armonizar y homogeneizar la "excesiva" normativa regional.

2. Dotar de más rango al sector y frenar la competencia desleal.

El turismo sigue siendo la 'gallina de los huevos de oro' para España -en 2015 aportó 124.000 millones de euros y 2,4 millones de empleos, según el 'lobby' Exceltur, que funciona como gran patronal- y ha superado la reciente crisis económica sin especiales sobresaltos. Pero no todo lo que reluce es oro y por eso, su primera reivindicación de cara al 26-J es dotar al sector de un mayor rango administrativo -"como mínimo" una secretaría de Estado "exclusiva"-, con una comisión interministerial semestral encabezada por el presidente del Gobierno y otra interautonómica que sea trimestral.

Su otra prioridad es poner coto a la "clara competencia desleal" que, a su juicio, se genera por el crecimiento "desbordado" de servicios de alojamiento P2P a través de internet, "mal llamados colaborativos". La confederación hotelera Cehat pide una norma específica que evite discriminaciones con el resto. Asimismo, y también en línea con Exceltur, demanda un plan de desestacionalización que ofrezca ventajas a las empresas (fiscales y en cotizaciones sociales) para seguir abiertas también en temporada baja.

Y también las empresas turísticas miran a los impuestos, pidiendo rebajas en el IVA e incentivos para inversiones en I+D+i. Y eso a la vez que se "evita", advierten, crear nuevos tributos que les graven y, en todo caso, que reviertan en el sector.

INFRAESTRUCTURAS

1. Un nuevo modelo financiación con más peso del sector privado.

2. Unas reglas del juego más claras para la actividad inmobiliaria.

Para las constructoras, quejosas con los nueve años de recesión (incluido 2016) que va a sumar su actividad nacional, es prioritario un nuevo modelo de financiación de infraestructuras con más peso privado. Desde la patronal de sus grandes firmas, Seopan, inciden también en reformar la Ley de Contratación Pública con mayor transparencia. Para sus colegas medianas, bajo el paraguas de la asociación ANCI, también es preocupante la morosidad que sufren mientras la confederación CNC apuesta por un plan de conservación y mantenimiento de la red viaria. Y todos coinciden en que educación, sanidad y medio ambiente son ahora terreno abonado para nuevas infraestructuras.

En el 'ladrillo', promotores (APCE) y consultoras inmobiliarias (ACI) piden "reglas del juego más claras", que simplifiquen la planificación urbanística y traigan más inversión, y si hace falta un aval público para financiar la primera vivienda.

COMERCIO

1. Impulsar la financiación, sobre todo a las pymes.

2. Revisar la regulación de rebajas y horarios comerciales.

Estamos ante otro sector clave: el 11% del PIB y más de 3 millones de empleos. Por eso, desde la Confederación Española de Comercio (CEC) piden a la administración que impulse el acceso de sus pymes a las diferentes fórmulas de financiación, además de implementar incentivos públicos y de orden fiscal. Otra de sus reclamaciones es recuperar una política "ordenada de rebajas", acotándolas "en el tiempo", y "consensuar" el modelo de horarios comerciales. Se oponen las grandes superficies, que apuestan incluso por ir más allá y ampliar las zonas de afluencia turística que permiten mayor libertad al respecto.
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