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POBLACIÓN

Investigan el aumento "significativo y no justificado" del censo de Urraúl Alto

Un grupo de vecinos denunció una veintena de empadronamientos a finales de año En este valle de apenas 180 habitantes, una parte del vecindario ve un posible interés electoral Una reforma electoral de enero lleva a que la Oficina del Censo publique el listado de municipios sospechosos para posibilitar impugnaciones

  • ASER VIDONDO. Pamplona
Publicado el 05/04/2011 a las 01:05
Agentes de la Policía Foral investigan el padrón municipal del valle de Urraúl Alto, donde la Oficina del Censo Electoral ha detectado un "incremento de residentes significativo y no justificado" en los seis meses anteriores a la convocatoria de las elecciones locales de mayo. En base a una denuncia vecinal, se están estudiando una veintena de nuevos empadronamientos que aprobó el Ayuntamiento a finales del pasado año, y que suponen un aumento de más de un 10% del número de vecinos. A 1 de enero de 2010, eran 157 las personas censadas en este municipio prepirenaico repartidas entre sus 4 concejos y 14 lugares habitados. Hoy serían unas 180.
El de Urraúl Alto es el único caso navarro entre los de 241 municipios y localidades españolas remitidos por la Oficina del Censo Electoral a la Junta Electoral Central tras detectarse empadronamientos llamativos. Al ser un ayuntamiento pequeño, las investigaciones para aclarar la situación las está llevando la Policía Foral.
Según ha trascendido, la veintena de empadronamientos en distintos pueblos del valle que se están estudiando se dieron entre los meses de noviembre y diciembre, y la denuncia vecinal por este caso tuvo lugar unos días antes de Navidad. La firmaron 11 vecinos, y el consistorio la remitió a la oficina del censo. El expediente de investigación está abierto.
Revuelo en el valle
El hecho ha levantado un importante revuelo en el valle, donde hay opiniones encontradas. La alcaldesa, Joaquina Garijo (A.E. Aldasur), rechazó hacer declaraciones.
Una parte del vecindario cree que puede haber detrás algún interés electoral. "Parecía injusto ese empadronamiento tan fuerte en pueblos como Irurozqui, Ongoz o Epároz a meses de las elecciones, y la denuncia se hizo sin saber nombres. Por lo visto después, son personas vinculadas al valle que no suelen vivir aquí, y que se sospecha que podrían venir a apoyar a la gente del actual grupo de la oposición, que gobernó el consistorio hasta hace 4 años", destacó una persona firmante que prefirió mantenerse en el anonimato.
Eduardo Miguéliz Vizcay, único edil sobre 5 de la A.E. Santa Fe de Urraúl Alto, desmintió este hecho, y adelantó que su grupo no se va a presentar. "Son cazadores ligados al valle que se empadronaron por una exigencia municipal, no hay más", dijo, y animó a pensar en que "de los 180 vecinos, apenas un tercio vive en el valle". Apuntó que "la información para la denuncia parece partir de la alcaldía", y que "antes de las elecciones de hace 4 y 8 años también aumentaron los empadronamientos".
Otra persona firmante de la denuncia matizó que ésta "no se llevó a cabo por una cuestión electoral, sino por poder estar en juego intereses del valle, entre ellos la caza, que deberían gestionar quienes viven en el municipio".

La ley obliga a empadronarse en el municipio donde se vive habitualmente

Según informa la Oficina del Censo Electoral, basándose en la legislación vigente, "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente, y quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año".
Asimismo, recuerda que "la condición de vecino confiere el derecho a ser elector y elegible en los términos establecidos en la legislación electoral", y que "los ayuntamientos realizarán las actuaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad".
Con el fin de reforzar la lucha contra fraudes en materia de elecciones, la reforma de la Ley Electoral de 1985 que entró en vigor en enero obliga a la Oficina del Censo a publicar el listado de las entidades locales sospechosas para que los representantes de las candidaturas puedan impugnar el censo.

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