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Los pueblos del norte ven los peajes de Bildu en Guipúzcoa como un freno económico

  • La exención del pago ofrecida a los turismos guipuzcoanos exacerba el enfado extendido en los municipios afectados
  • La propuesta de cobro desata una reacción unánime en contra en instituciones de Vizcaya, Álava y Navarra

Vista de la A-15 en el tramo guipuzcoano de Berastegi.

Vista de la A-15 en el tramo guipuzcoano de Berastegi.

j.c. cordovilla
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08/07/2013 a las 06:01
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  • natxo gutiérrez
La implantación de peajes en las principales arterias de conexión de Guipúzcoa con Navarra encuentra una férrea oposición en los pueblos del norte afectados de forma directa por una medida polémica desde su concepción. Conductores habituados a cruzar por la N-121-A, A-15 y N-1 y transportistas cargan contra la propuesta presentada por la diputación guipuzcoana (Bildu) para frenar las depauperadas arcas de la sociedad que gestiona sus autopistas (Bidegi), con 900 millones de euros de deuda.

Las voces críticas se extienden en los municipios enclavados en el límite con Guipúzcoa por la repercusión negativa que, a juicio de habituales de las rutas, tendrá el cobro de un canon en sus economías domésticas y de empresa, según sea el caso.

"No es precisamente el mejor momento éste para cobrar", opina el alcalde de Lekunberri, el independiente José María Aierdi. "Supone un sobrecoste para las empresas", razona.

El desarrollo de Lekunberri, al albur de la autopista a San Sebastián, es paradigma de las oportunidades que vislumbraron los impulsores de esta conexión entre Guipúzcoa y Navarra para beneficio de ambas vertientes. El polígono local creció precisamente por el impulso dado por empresas guipuzcoanas interesadas en radicarse en la Comunidad foral junto a una vía de acceso rápido.

Las ventajas de comunicación que se adivinaron con su inauguración el 5 de mayo de 1995 pueden toparse con un escollo en la relación comercial entre ambos territorios y en los desplazamientos cotidianos de residentes de uno y otro lado por motivos diversos.

Por los apuntes que adelantan las autoridades forales de la provincia vecina sobre su red de peajes planificada para octubre de 2014, las consecuencias de su exigencia incorporan una notoria diferencia: los turismos guipuzcoanos quedarán libres del pago con un sistema de subvención.

Tal discriminación a favor suya exacerba el descontento compartido en Alsasua (N-1), Lekunberri y Leitza (A-15), Bera y Lesaka (N-121-A) entre otros términos de la cuenca del Bidasoa.

Sobre un mismo trazado, que los conductores asiduos de otras provincias deban pagar 25 euros al mes en un ofrecimiento de Bildu como medida compensatoria frente a la exención de pago de los turismos guipuzcoanos es acogido en el norte de Navarra con indisimulado enfado.

El distinto rasero genera, por otro lado, dudas de índole jurídico, como puso de manifiesto el consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, tras entrevistarse con su homóloga en Guipúzcoa, Larraitz Ugarte (Bildu).

Las críticas en los municipios en primera línea de los dispositivos de cobro que prevén instalarse (una especie de arcos o pórticos) encuentran fiel reflejo en las reacciones contrarias que han arreciado en las instituciones del País Vasco y Navarra. Los diputados generales de Vizcaya y Álava coincidieron días atrás en calificar de "discriminatoria" el trato diferenciado en el cobro. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka (PNV), fue más allá en su censura al reprochar a Bildu "su afán recaudatorio" que, bajo su óptica, "ahoga a los ciudadanos".


Sin mayoría en Guipúzcoa

Los detractores de la medida, ya sean vecinos de a pie o representantes institucionales, se acogen a la posibilidad de que las Juntas Generales de Guipúzcoa -el equivalente al parlamento navarro- frustren el proceso de aprobación después del verano.

Bildu, con 22 escaños en un arco de 51, necesita el apoyo de PNV (14), PSE (10) o PP (4) para lograr la mayoría exigida en la tramitación de un proyecto que hoy por hoy es objeto de reprobación por el resto de las formaciones políticas en la propia provincia.

La falta de mayoría política, junto a las dudas jurídicas, se unen a los interrogantes que arrecian entre los ciudadanos por el modo en el que se les girarían el canon con la infraestructura de arcos.
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