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INCINERACIÓN DE RESIDUOS

Piden al Gobierno que deje sin efecto el PrSIS de Portland

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Piden al Gobierno que deje sin efecto el PrSIS de Portland
  • EFE. PAMPLONA
Publicado el 22/01/2013 a las 13:55
Ayuntamientos afectados por el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal que permite incinerar residuos en Cementos Portland han pedido hoy al Ejecutivo foral que lo deje sin efecto, al también que han apuntado que si sigue adelante se movilizarán y recurrirán esa decisión ante la justicia. 

La alcaldesa de Olazagutía, Gurutze Rodríguez (Bildu), y el concejal de Alsasua Unai Hualde (Geroa Bai), acompañados por parlamentarios de Bildu, NaBai, I-E y no adscrito de Geroa Bai, han dado a conocer en rueda de prensa la postura de ayuntamientos de Sakana, la Llanada Alavesa y Tierra Estella en relación con esta cuestión.

Su comparecencia ha tenido lugar tras la aprobación el pasado miércoles en sesión del Gobierno del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal que autoriza a Cementos Portland la valorización de residuos como combustible alternativo en su planta de Olazagutía, y después de un fin de semana en el que cargos públicos han permanecido encerrados en el Ayuntamiento de esa localidad, donde además ha tenido lugar una movilización de protesta.

En relación con las pintadas amenazantes que este fin de semana han aparecido en la casa familiar de la vicepresidenta del Gobierno foral y consejera Lourdes Goiocechea, en Olazagutía, vinculadas a la aprobación del citado proyecto, la alcaldesa ha comentado que el Consistorio ya ha aprobado una declaración en la que "rechaza" esas pintadas.

"Suponemos que la gente está levantada en armas, pero no es la manera adecuada para luchar contra esta imposición", ha añadido Rodríguez.

Según ha señalado los cargos electos consideran la decisión del Gobierno foral como un "ataque a la autonomía municipal", por lo que, una vez que reciban la notificación oficial, tienen previsto presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Asimismo, ha anunciado la convocatoria de movilizaciones a nivel social en una fecha aún sin concretar, que se situará en torno al 16 o 17 de marzo.

La aprobación de un proyecto de estas características, según ha explicado es una "fórmula extraordinaria, un instrumento cada vez más utilizado por un Gobierno en minoría que quiere imponer criterios por encima de los ayuntamientos".

A esto ha añadido como "agravante" el hecho de que no se trata de un proyecto de "interés público o general", sino de una iniciativa que, "con la oposición casi unánime de los ayuntamientos de la zona afectada favorece los intereses particulares de una empresa privada" que "acaba de realizar despidos y recortes en los derechos laborales".

Junto a esto ha citado el "peligro para la salud" que conlleva la puesta en marcha de la incineradora, que también compromete "seriamente" el desarrollo socioeconómico de los valles afectados.

Por todo ello ha pedido al Gobierno que deje sin validez este proyecto y atienda a la "voluntad de la mayoría social, política e institucional de los valles afectados" y se erija en "defensa del interés público y no de una empresa privada".

Ha concluido asegurando que van a seguir reivindicando que la "incineración no es la solución".
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