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Castejón

El Gobierno confirma que la térmica de Castejón cumple la legalidad

El Supremo la declaró ilegal por no respetar la distancia al casco urbano que señalaba la ley vigente cuando se construyó

Imagen de la central térmica de Hidrocantábrico ubicada en Castejón.

Imagen de la central térmica de Hidrocantábrico ubicada en Castejón.

02/03/2017 a las 06:00
  • DN Tudela

El Gobierno de Navarra ha confirmado que el segundo grupo de la central térmica de Elerebro (Hidrocantábrico) de Castejón tiene todas las autorizaciones necesarias para su funcionamiento y que no incumple la legalidad, por lo que no procede tomar ninguna medida contra la empresa ni contemplar el cierre de la instalación.

EL PROCESO

Construcción en 2005. Hidrocantábrico, que ya contaba con una central térmica en Castejón, recibió las autorizaciones para un segundo grupo en 2005 e inició las obras en 2006 con un presupuesto de 200 millones de euros.

Primeras sentencias en 2008. La plataforma ciudadana Más centrales no presentó varios recursos porque consideraba que este segundo grupo no cumplía la ley. El TSJN anuló primero la Autorización Ambiental Integrada y luego el PSIS, ambos otorgados por el Gobierno de Navarra, por no cumplir con la legislación vigente que marcaba una distancia mínima con el casco urbano que, según la ley vigente cuando se concedieron los permisos -un reglamento que databa de 1961-, era de 2 kilómetros. La central está a menos de 500 metros.

El Gobierno insta a la empresa a reiniciar los trámites. Ante estas sentencias, el Gobierno foral pidió a Hidrocantábrico que reiniciara los trámites para recibir las autorizaciones para su central. Pedía que lo hiciera en base a la Ley Foral Ambiental de 2005 que derogaba el reglamento de 1961 y que ya no exigía una distancia mínima.

Nuevos trámites en 2009 y nuevas autorizaciones. Hidrocantábrico siguió el consejo del Gobierno y pidió de nuevo las autorizaciones, que le fueron concedidas en 2011.

Más sentencias en contra en 2011. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la autorización que otorgó a la central el Ministerio de Industria en 2005. La razón volvió a ser que no respetaba la distancia mínima con el casco urbano.

Primera sentencia del Supremo. El Tribunal Supremo rechazó un recurso del Gobierno de Navarra contra la sentencia que anulaba el PSIS, aunque ya se había aprobado otro en 2011.

El Ministerio afirma que cumple la legalidad. El Ministerio de Industria señaló en febrero de 2012 que la central cumplía la ley. La razón era que había convalidado la autorización que le había otorgado en 2005, cuando estaba vigente la distancia mínima, en el año 2012 en base a la nueva legislación que no incluía esta limitación.

Última sentencia y respuesta del Gobierno foral. El Tribunal Supremo volvió a declarar ilegal la central en una sentencia de octubre pasado basándose en el reglamento de 1961. Sin embargo, el Gobierno de Navarra asegura ahora que cumple la ley porque renovó todas las autorizaciones con la nueva legislación que no marca distancia mínima.


Esta afirmación llega como respuesta a una pregunta realizada por el portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, a la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, después de que el pasado mes de octubre el Tribunal Supremo emitiera una sentencia en la que declaraba ilegal esta térmica.

La consejera asegura, a fecha de 10 de enero, que esta central cuenta con el preceptivo Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal, aprobado por el Ejecutivo foral en 2011, así como la Autorización Ambiental Integrada y la Autorización de Apertura, concedidas en el mismo año.

Además, añade que tiene la autorización de funcionamiento que le otorgó en 2012 la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que convalidó la original del año 2005. Ante esto, señala que no se produce ninguna situación de ilegalidad y que, por tanto, no procede adoptar ninguna medida. Termina diciendo que, ante lo expuesto anteriormente, el Gobierno de Navarra no contempla dar ningún paso para clausurar esta central, algo que preguntaba Adolfo Araiz.

La respuesta de la consejera fue dada a conocer por el concejal del PSN de Tudela José Ángel Andrés en el último pleno de la capital ribera, en el que se debatió una moción de la CUP que pedía el cierre inmediato de esta central tras la sentencia del Supremo. La moción se aprobó con los votos de I-E, Tudela Puede y CUP, la oposición de PSN y PP; y la abstención de UPN y el concejal no adscrito.

REGLAMENTO DEROGADO

La respuesta de la consejera contrasta con la sentencia del pasado mes de octubre, en la que el Supremo aseguraba que este grupo de la central incumplía la legalidad.
La clave está en que la citada sentencia se centra en las autorizaciones que recibió la empresa cuando iba a construir el nuevo grupo en 2005. Entonces estaba en vigor un reglamento de 1961 que marcaba una distancia mínima de 2 kilómetros al casco urbano de este tipo de instalaciones, algo que no cumple la de Castejón porque se encuentra a menos de 500 metros. Además, el Supremo también sentenció que no se había hecho correctamente el estudio de impacto ambiental.
En base a ese reglamento, ha habido más sentencias anteriores tras los recursos presentados por la plataforma vecinal ‘Más centrales no’. En 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra emitió dos sentencias en las que anuló la Autorización Ambiental Integrada y la aprobación del PSIS por no respetar la distancia mínima.

Ante esto, el Gobierno de Navarra instó a Hidrocantábrico a reiniciar los trámites para su central, algo que denunciaron colectivos como Más centrales no, que ha promovido todos los recursos, porque consideraba que se estaba buscando burlar la ley.

NUEVAS AUTORIZACIONES

Fue en enero de 2011 cuando la central recibió las nuevas autorizaciones del Gobierno de Navarra en base a la Ley Foral Ambiental de 2005 y la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera de 2007, que derogó el reglamento de 1961 y que ya no exigía la distancia mínima de 2 kilómetros respecto al casco urbano.

En 2011, el Tribunal Supremo ratificó la anulación del PSIS otorgado por el Gobierno de Navarra, basándose de nuevo en el reglamento que estaba vigente cuando se pidieron las primeras autorizaciones para la central térmica, aunque ya tenía otro PSIS nuevo tras haber reiniciado los trámites según la legislación vigente ese año.

Un año después, en 2012, el Gobierno de España convalidó la autorización de funcionamiento para la central que le había otorgado en 2005 aplicando la nueva normativa, que ya no exigía la distancia mínima.
Meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la primera autorización de funcionamiento de 2005, pero la central ya contaba con otra nueva, la que se le concedió en 2012.

La última sentencia del Supremo llegó el pasado mes de octubre y rechazaba el recurso de la empresa contra la decisión del citado tribunal madrileño, insistiendo en que la autorización de 2005 no cumplió la legalidad por no respetar la distancia mínima.

Sin embargo, ahora el Gobierno de Navarra confirma que la central térmica de Elerebro tiene todas las autorizaciones necesarias al haberlas tramitarlo de nuevo y adaptarlas a la nueva normativa que ya no señala la citada distancia mínima.
 


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