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La Barca de Mendavia pide en el Parlamento el no para el canal

  • La asociación vecinal opuesta al proyecto hidroeléctrico asegura que dejará sin caudal al Ebro

La Barca de Mendavia pide en el Parlamento el no para el canal

Los representantes de la plataforma No al Canal de Mendavia minutos antes de iniciar su comparecencia.

Buxens
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23/01/2015 a las 06:00
  • ​mari paz gener. Mendavia
La asociación de vecinos de La Barca de Mendavia, un colectivo que se opone a la construcción de un canal y una central hidroeléctrico en el Ebro a su paso por Mendavia y que ha creado la plataforma No al Canal, planteó ayer en el Parlamento su preocupación sobre las repercusiones medioambientales- principalmente sobre el caudal del río y la fauna de la zona- que va tener la construcción de la minicentral hidroeléctrica en el municipio, una inversión privada que no creen que deje beneficios en Mendavia.

Antonio Ezquerro Royo, presidente de la plataforma No al Canal y de la asociación de vecinos de La Barca compareció en la comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, presidida por Begoña Sanzberro, acompañado por otros dos miembros del colectivo, Javier Martínez Elvira y José Delgado. La comisión estaba convocada a petición de los grupos parlamentarios Bildu-Nafarroa y Aralar-Nafarroa Bai.

51 METROS DE ANCHURA

Javier Martínez de la plataforma No al Canal, indicó que el proyecto hidroeléctrico se desarrollará a lo largo de 8 kilómetros del cauce del Ebro- 10 en total-y tendrá una anchura de 51 metros con una concesión de agua de 99 m3 por segundo. “ Nos preocupan, entre otras aspectos, las repercusiones sobre los acuíferos y efecto by pass que, en época de riadas puedan tener en Lodosa y nos preocupa el impacto sobre el hábitat y en especies sobre el visón europeo, la nutria, el pez fraile o el águila perdicera”.

Antonio Ezquerro señaló las deficiencia que, a su juicio, se habían producido en la tramitación del proyecto, recalcando que, en realidad, la creación de empleo era mínima. José Delgado puso el acento en la viabilidad de la empresa, fundada en 2009. “Con un capital social de 250.000 euros, pretende afrontar un proyecto de 37 millones de euros”. Jerónimo Ortigosa (UPN) y Samuel Caro (PSN) partidarios a priori del proyecto que, recalcaron, no es del Gobierno, pidieron esperar a los informes técnicos del departamento, la CHE y el Ministerio de Medio Ambiente.
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