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Condenan al valle de Egüés a pagar 6,9 millones a la promotora a la que Galipienzo dio licencia ilegal

Tras la dimisión del ex alcalde, el pleno anuló los permisos para construirlo en Gorraiz

  • NACHO CALVO . PAMPLONA
Publicado el 16/03/2011 a las 01:03
Las ilegalidades cometidas por Ignacio Galipienzo como alcalde del valle de Egüés le pueden salir caras al municipio. Una juez ha condenado al ayuntamiento a pagar 6.963.251 euros a la promotora Apartamentos Gorraiz por anularle en febrero de 2004 las licencias que Galipienzo le había concedido ilegalmente para construir un apartotel en Gorraiz. El consistorio ha anunciado que recurrirá.
La tramitación de este proyecto fue la que acabó con el ex alcalde de UPN en el banquillo y condenado en 2009 a 1 año de cárcel, 8 de inhabilitación para cargo o empleo público y 31.500 ? de multa como autor de sendos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricación. Galipienzo concedió las licencias para el apartotel, a pesar de que en esa parcela sólo se podía construir un centro educativo, y a sabiendas de que el Gobierno ya le había advertido de la ilegalidad. Además, participó en la compraventa de la parcela -cobró 138.000 ?- utilizando a un socio (José Luis Ruiz, condenado a 7 meses de inhabilitación y 3.000 ?), ocultándolo a la vendedora (Construcciones Flores) y a la compradora (Apartamentos Gorraiz/Aricam). Galipienzo, al tiempo que era alcalde realizó trabajos de promoción inmobiliaria por España para Aricam.
Apartamentos Gorraiz demandó al Ayuntamiento del valle de Egüés porque el pleno, una vez que Galipienzo presentó su dimisión, anuló el 26 de febrero de 2004 a instancias del Gobierno de Navarra las licencias de actividad y de obras que le había concedido el ex alcalde el 30 de mayo y el 2 de junio de 2003. La misma demanda iba contra Construcciones Flores, aunque en este punto la juez ha rechazado sus pretensiones por entender que la acción conjunta (contra una administración local y una empresa) es "errónea" y debe reclamarle ante la jurisdicción civil.
Tramitación correcta
La promotora alegaba que había cumplido correctamente la tramitación y que tras una consulta vinculante en el consistorio se le contestó que en la parcela de Gorraiz se podía construir un apartotel. Con esa respuesta compró el solar y solicitó las licencias. En su recurso judicial reclamaba al consistorio 20,2 millones (6,9 por los daños económicos acreditados, 12,5 por los perjuicios y 0,7 por daño moral).
La juez estima parcialmente el recurso (por los daños acreditados) al entender que "ha quedado suficientemente acreditado que en este caso, la actuación de la administración local fue arbitraria, totalmente irrazonada e irrazonable, hay un error evidente y manifiesto (...) por lo tanto procede concluir que el particular no tenía el deber jurídico de soportar el daño producido".
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