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MEMORIA HISTÓRICA

El franquismo dejó en Pamplona 306 asesinados y 1.014 encarcelados

La Oficina sobre Memoria Histórica pide profundizar en el estudio de otras prácticas como la tortura, las agresiones de género o la represión cultural

Ampliar Acto de homenaje a las víctimas del franquismo, en 2014.
Acto de homenaje a las víctimas del franquismo, en 2014.
  • DN.ES
Actualizado el 25/10/2016 a las 12:44
Un total de 306 pamploneses, de los que 304 eran hombres y 2 mujeres, fueron asesinados o muertos en cautividad durante el franquismo por razones políticas y, en la mayoría de los casos (302), sin juicio previo ni sentencia firme. Así se recoge en el ‘Informe pericial sobre vulneraciones de derechos humanos sufridas por la población residente en Pamplona durante la guerra civil y la etapa franquista’ realizado por el equipo de investigación de la Universidad Pública de Navarra ‘Recuperando memoria berreskuratzen’. Este trabajo ha sido presentado este martes en rueda de prensa por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el doctor en Historia Contemporánea, profesor de la UPNA y director de la Oficina de Información sobre Memoria Histórica de la represión franquista en Pamplona, Emilio Majuelo.
En total y según se recoge en este informe, se tiene constancia de que fueron represaliadas y objeto de vulneración de derechos humanos 1.310 personas en la ciudad, aunque esta cifra es una primera aproximación ya que existen otros 451 casos sobre los que se tiene noticia pero aún no se han podido validar y cientos más que, según el equipo de la UPNA, saldrán a la luz a raíz de la realización de este trabajo. El informe además de asesinatos, muertes en cautividad, desplazamientos y encierros (que en conjunto suman un 85,58% de los casos comprobados), contabiliza también testimonios sobre agresiones de género, represión económica y laboral, represión lingüística y cultural y tortura y agresiones físicas.
El informe advierte que el número de casos incluidos en las diferentes modalidades represivas registradas es mayor que el número de personas víctimas de ellas, ya que en la realidad “una misma persona pudo sufrir una o varias modalidades represivas”.
ASESINATOS, ENCARCELAMIENTOS, EXILIO Y REPRESIÓN
De las 306 personas asesinadas o muertas en cautividad (una cifra de “extraordinaria importancia” si se tiene en cuenta los censos de la época), tan solo 4 lo fueron tras sentencia previa y 302 se pueden definir como desapariciones forzadas, ya que, tras su detención o tras su ‘puesta en libertad’ fueron asesinadas sin dar información pública de ello a sus familiares que se fueron enterando, en diferentes momentos y por diferentes medios, de la suerte que habían corrido esas personas. Además de estas 306 personas asesinadas, el informe apunta que hubo personas que lograron evadirse y que resultaron muertas en el frente o en su condición de prisioneros, o en su intento de fuga y cuya cuantificación “resulta problemática”.
Respecto al número de personas incluidas en el padrón de Pamplona y que fueron presas por razones políticas durante aquellos años, se han podido verificar a fecha de hoy 1.014 casos, de los que 867 eran hombres y 147 mujeres. Según las cifras recogidas en la base de datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica de la Represión en Navarra (FDMHN) y los testimonios recogidos en la Oficina de Información sobre Memoria Histórica de la represión franquista en Pamplona-Iruñea, la mayoría estuvieron en la prisión provincial o penal (806, con 668 hombres y 138 mujeres), mientras el resto fueron retenidas en comisarías o cuarteles locales (111 casos), campos de concentración en el exilio (84 casos), cárceles locales o de partido judicial, centros improvisados de detención, campos de concentración en España y bartallones de trabajo.
En el campo de la represión económica, se recogen 159 casos validados, aunque el informe indica que fue la modalidad de represión más amplia de las utilizadas. Por ejemplo, el Tribunal de Responsabilidades Políticas incoó al menos 168 expedientes a vecinos de Pamplona exigiéndoles determinadas cantidades de dinero. El funcionariado municipal fue también depurado y se destituyeron diecinueve trabajadores, que se unieron a los 200 de la Diputación Foral de Navarra, de los que la mayoría residían en Pamplona.
El informe también apunta que al menos 225 pamploneses tuvieron que desplazarse bien al exilio (133 casos verificados), bien al destierro forzoso (7 casos) o bien huir a la zona republicana (85 casos), en un principio hacia la Baja Navarra y Guipúzcoa, y posteriormente a Cataluña.
Finalmente y por lo que respecta a la represión de género, el texto señala que todavía falta mucho por investigar en este terreno y que los escasos datos de que se disponen, chocan con la amplitud de los testimonios recogidos.
MILITARES, GUARDIA CIVIL Y MILICIAS CARLISTAS Y FALANGISTAS
Las conclusiones del informe recuerdan que el inicio del golpe de estado que en Navarra se produjo el 19 de julio de 1936 fue extremadamente violento y con él desaparecieron las garantías jurídicas que estaban en vigor durante los años de la segunda república, avaladas por la constitución de diciembre de 1931. En muy pocas horas las milicias carlistas, falangistas, y, sobre todo, patrullas del ejército, controlaron la capital navarra. Fueron saqueadas las sedes de organizaciones políticas republicanas, nacionalistas vascas, socialistas y comunistas, así como de organizaciones sindicales. También señala que el papel de los militares sublevados fue clave y arrastró a la Guardia Civil a posiciones antigubernamentales. De manera paralela, con consentimiento militar, la Junta de Guerra Carlista de Navarra y la Junta Central de Guerra de Falange empezaron a actuar en numerosas localidades: “miedo, huida, escondite, enrolamiento forzoso, asesinato, desaparición, vejación, multa, requisa, depuración, se convirtieron en los términos principales en uso desde entonces en el léxico del represaliado”.
A modo de resumen recoge que “lo que se desconocía hasta ahora era la dimensión que esa triste panoplia de modelos represivos alcanzó en Pamplona-Iruña. Muertos desaparecidos, muertos fusilados, evadidos muertos en combate, muertos en intentos de fuga, muertos por enfermedad en la cárcel, muertos por suicidio, muertos en campos de concentración; cientos y cientos de presos, trabajadores y funcionarios depurados, sancionados, despedidos, golpeados, marginados. Sometidos a una nueva legislación púnica, fue aplicada retroactivamente a quienes reconocían la legalidad republicana y al gobierno del Frente Popular, triunfador en las elecciones generales de febrero de 1936, por quienes la habían violentado valiéndose del poder de sus armas y de la ayuda internacional fascista”.
Asimismo, indica “después de terminada la conflagración militar en abril de 1939 e iniciada la construcción de un Nuevo Estado fascista, la situación represiva no amainó de momento, amoldándose a las nuevas circunstancias de la situación política internacional. El surgimiento, lustros después, de nuevos movimientos, primero de resistencia, luego de reconstrucción de las organizaciones obreras y de la oposición, reactivó el sistema represivo adecuándolo a la nueva realidad que se presentó al régimen franquista”.
Para finalizar, señala que “ante la vieja literatura épica tradicionalista sobre el alzamiento y el voluntariado navarro, pero también ante quienes obvian la dimensión enorme de la matanza y de la represión sistemática desde julio de 1936 en aras de interpretaciones sustentadas en aportaciones culturalistas, se erige todo un muestrario del horror como se ha corroborado en esta investigación”.
176 NUEVOS EXPEDIENTES EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
Una de las fuentes utilizadas para este informe ha sido el FDMHN durante la guerra civil y el franquismo que incluye los listados de la obra colectiva ‘Navarra 1936: de la esperanza al terror’ y que han sido corregidos con informaciones posteriores. La segunda fuente ha sido la Oficina de Información de la Memoria Histórica sobre la Represión Franquista de Pamplona que ha abierto desde su puesta en marcha en mayo 176 nuevos expedientes.
Además, sobre el listado de personas asesinadas extrajudicialmente en Pamplona, muchas de ellas desaparecidas forzosamente entre 1936 y 1975, se han revisado las investigaciones realizadas hace décadas tanto por el historiador José Mª Jimeno Jurío como por la asociación Altaffaylla Kultur Taldea, revisión en la que ha colaborado la Asociación de Familiares Fusilados de Navarra. Asimismo, se han tenido en cuenta para el estudio los datos del Registro Civil de Pamplona, del Archivo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, del Archivo de la Comandancia Militar de Navarra, del Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, del Archivo General de la Administración situado en Alcalá de Henares, del Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca (antiguo Archivo de la Guerra Civil) y de obras monográficas y memorias publicadas en las últimas décadas.
FALTA DE INFORMACIÓN EXAHUSTIVA DE LOS 50, 60 Y 70
En general, el texto hoy presentado, incide en que hasta que haya un cambio de rumbo en la política general archivística que permita a los investigadores acceder a la documentación y se impulsen proyectos de investigación colectiva que den cuenta de lo sucedido en esas décadas seguirá habiendo conocimientos insuficientes sobre la represión franquista por lo que habrá que seguir investigando. De hecho, dice que el número de torturas, detenciones, sanciones, etc. es meramente indicativo pero, al mismo tiempo, señala el amplio campo que queda por recorrer para conocer a fondo el mundo represivo de la dictadura franquista.
En el caso de la población presa los datos de entre julio de 1936 y abril de 1939 pertenecen tanto a la Prisión Provincial, a la fortaleza de San Cristóbal y a la Diputación Foral de Navarra, que se hacía cargo de la manutención de los detenidos preventivos sin causa instruida, como a centros improvisados de detención, las cárceles de merindad o comisarías. El total de registros de detención en todos estos espacios suma 15.485 personas. Sin embargo a partir de abril de 1939 y hasta noviembre de 1975 no existe información exhaustiva sobre las personas que sufrieron prisión, lo mismo que con las personas huidas que estuvieron en campos de concentración franceses y alemanes, con la salvedad de los prisioneros pamploneses registrados en el campo de Gurs. Esa ausencia de datos incluye a las detenciones y estancias en prisión durante las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta en las que varios centenares de personas residentes en Navarra fueron represaliados por conflictos laborales o por participar en movilizaciones políticas contra la dictadura.
INFORME ELABORADO POR MANDATO DEL PLENO
Este estudio tiene su origen en el acuerdo adoptado por el Pleno del 27 de noviembre de 2015 que aprobó interponer una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Pamplona para que se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista que afectaron a los vecinos y vecinas de la ciudad, investigación que, según el acuerdo, deberá conducir a determinar las circunstancias en que fueron perpetrados los crímenes así como “quiénes fueron sus responsables directos e inmediatos, y, en su caso, se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena”.
Una vez hecho público, el análisis de este informe será el que centre la primera de las conferencias incluida en la jornada ‘Encuentros de Pamplona: verdad, justicia y reparación. Ayuntamientos por las querellas contra los crímenes del franquismo’, que tendrá lugar el próximo jueves en el Palacio del Condestable con delegaciones de Pamplona, Zaragoza, Vitoria-Gazteiz, Madrid, A Coruña, Barcelona, Cádiz, Rivas y Valencia.
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