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PAMPLONA

Nuevo varapalo judicial a Asiron por la exposición sobre víctimas

Anula la comunicación del Ayuntamiento a la Policía Nacional denegando el uso de la Ciudadela

Fernández Díaz inauguró la exposición de la Policía Nacional sobre ETA en la ciudadela.

Fernández Díaz inauguró la exposición de la Policía Nacional sobre ETA en la ciudadela.

ARCHIVO/BUXENS
20/07/2016 a las 06:00
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona ha recibido un nuevo varapalo judicial en relación a la exposición sobre víctimas del terrorismo que la Policía Nacional organizó en la Ciudadela de Pamplona. La muestra pudo llevarse a cabo entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dejara sin efecto la decisión del Ayuntamiento de Pamplona de revocar la cesión de la Sala de Armas.

Ahora ha sido el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Pamplona el que ha estimado el recurso presentado por la Delegación del Gobierno central, y ha anulado la comunicación con la que en un primer momento el Consistorio trasladó a la Policía Nacional que denegaba el uso de la Ciudadela, pese a que había un convenio firmado por el anterior gobierno municipal, de UPN, que lo autorizaba.

El tribunal, que da argumentos contra esa comunicación tanto por la forma en la que se realizó como por el fondo, y considera que no es “conforme a derecho”, condena a pagar las costas al Ayuntamiento, en un fallo que se puede recurrir.


​DENEGADO POR E-MAIL

El 8 de junio de 2015, el Ayuntamiento, con Enrique Maya (UPN) todavía en la alcaldía, se comprometió en un acuerdo de colaboración con la Policía Nacional a poner a su disposición la planta baja de la Sala de Armas para la exposición. Tras el cambio de gobierno municipal, el 15 de septiembre, la Policía Nacional recibió un e-mail del secretario general del área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, en el que “se deniega” la solicitud para realizar la muestra en la Ciudadela. Recomendaba a la Policía que realizara la exposición en dependencias policiales o en locales del Ministerio del Interior.

El tribunal considera que la comunicación “incurre en anulabilidad”, porque un secretario técnico no puede revocar una decisión de alcaldía. Además, para dar ese paso hubiera sido preciso un expediente administrativo en el que la Policía hubiese podido realizar alegaciones.

Previamente a esa denegación, el 20 de agosto la junta de Gobierno local, en la que Bildu tuvo el apoyo de Geroa Bai e I-E, había decidido que la Sala de Armas se destinara a exposiciones de carácter artístico. El tribunal considera que eso no es suficiente para revocar el acuerdo de cesión, ya que esa regulación fue posterior. “Sería tanto como amparar la aplicación retroactiva de una norma que en este caso conllevaría una restricción de derechos”. Añade que se debería haber acreditado que había otro interés que merecía una protección superior “y no existe prueba de la concurrencia de dicho interés superior”. Concluye que la revocación no fue conforme a derecho, haciendo constar que el Ayuntamiento “ni siquiera intentó paliar los daños y perjuicios que su decisión podía acarrear”.


UPN Y PSN, SOBRE EL FALLO

UPN manifestó ayer que la sentencia “es la confirmación del nulo respeto de Asiron por el cumplimiento de la ley” y cree que es “un duro golpe también” para “Geroa Bai, Aranzadi-Podemos e I-E”, ya que “hicieron piña con Bildu para impedir la muestra”.
El PSN señaló que “acata y comparte” la resolución judicial que “vuelve a poner de manifiesto hasta qué punto Asiron y el cuatripartito municipal actúan muchas veces rozando o rebasando la legalidad”. Y recuerda que la exposición, con más de 5.500 visitantes, tuvo “un éxito sin precedentes”.

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