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Burlada / Burlata

La supresión del inglés en la escuela infantil de Burlada llega a los tribunales

  • UPN ha presentado un recurso ante la decisión de Cambiando Burlada y Bildu por incumplirse el contrato con la gestora

Actualizada 07/03/2016 a las 21:19
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  • M.M. PAMPLONA
La supresión del inglés en la escuela infantil de Burlada ha llegado al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) de la mano de UPN, que ha presentado un recurso de alzada a la decisión adoptada en el pleno del pasado 28 de enero para el cambio del modelo lingüístico en este centro municipal al que acuden 104 niños de 0 a 3 años. Una propuesta impulsada desde el equipo de gobierno formado por Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz y Bildu y con mayoría de votos para sacarla adelante frente a UPN, PSN e IU.

Los regionalistas anunciaron en la misma sesión que acudirían a los tribunales para recurrir la medida, que incluye también separar en dos ciclos el euskera y el castellano, frente a la atención simultánea en los tres idiomas que se prestaba desde su inauguración en 2011. Pero UPN reconoce que ante el TAN no puede argumentar su disconformidad con el cambio lingüístico. “No se está impugnando el fondo del acuerdo (...) ya que esto último es únicamente una decisión política sometida en cualquier caso al juego de las mayorías políticas en un sentido u otro”.

Pero cree que sí puede exponer las irregularidades en las que, según UPN, ha incurrido el equipo de gobierno para sacar adelante el cambio. Y son dos: incumplimiento de contrato con la empresa que gestiona el centro (la firma Kamira) y que el acuerdo llegó al pleno sin los preceptivos informes técnicos.

“En el expediente figura únicamente un informe solicitado a la directora del centro en el que se le plantea si existe la posibilidad de impartir una propuesta pedagógica distinta con el personal que tiene (...). La respuesta de la directora es que haciendo ciertos ajustes existe la posibilidad (...). A este “informe” se le añade otro suscrito por la técnica de Juventud y Educación del Ayuntamiento en el que no entra en ninguna cuestión técnica ni jurídica. Simplemente recoge que, a la vista del informe de la dirección del centro y dado que existe voluntad del actual equipo de gobierno de cambiar la modalidad lingüística de la escuela, este cambio es viable”.

“Modificación unilateral”

En cuanto al contrato, UPN afirma que se ha producido una modificación unilateral sin el soporte normativo que supone el cambio de modelo educativo. “La Administración tiene la facultad de poder modificar en casos excepcionales de forma unilateral el contenido un de un contrato de gestión de servicio público”, pero, añade UPN, debe estar justificada esta premura según la normativa vigente tal y como reitera la Junta Consultiva de Contratos. Y, añaden, no sólo ellos: “El Consejo de Estado ya se ha pronunciado igualmente afirmando que la modificación contractual es una prerrogativa de la Administración que exige que se produzca dentro de los límites que estable la Ley”.

Según los regionalistas, el cambio, de acuerdo a esta normativa, “no está respaldado ni legitimado por interés publico claro, patente o indubitado. No se ha realizado para atender ninguna causa imprevista (...). Afecta a una de las condiciones esenciales del contrato. El pliego obligaba a impartir un proyecto educativo en español, euskera e inglés en igualdad (...). No consta que el cambio estuviera recogido como posibilidad en los pliegos que dieron lugar a la adjudicación. No tiene su origen en razones presupuestarias (...). No existe estudio económico que analice el perjuicio, sobrecoste o alteración de precio del servicio que pudiera suponerle a la adjudicataria”.
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