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Zizur Mayor / Zizur Nagusia

Zizur cede un colegio para una fiesta que acaba con más de 60 quejas

  • ​El Ayuntamiento prestó el centro Erreniega a Zizurko Gazte Asanblada la noche del sábado

Varios de los grafitis que ayer permanecían en las puertas del colegio.
Varios de los grafitis que ayer permanecían en las puertas del colegio.
DN
  • ​M.M. Zizur Mayor
Actualizada 30/08/2015 a las 06:00
La cesión del colegio público Erreniega al colectivo de jóvenes Zizurko Gazte Asanblada para una fiesta el sábado se hizo bajo un convenio firmado entre el alcalde de Zizur, Jon Gondán (Geroa Bai), y representantes de la asociación. “Y un punto tras otro se han incumplido”, desveló ayer el primer edil al término del pleno ordinario de este mes. Comenzando por el horario, que como máximo permitía hasta las tres y media de la madrugada . “A las cinco seguían los ruidos”, afirmó el alcalde, en cuyo despacho se amontonan las más de 60 firmas de vecinos de la zona para criticar la suciedad y ruidos.

“Han sido necesarias 31 horas extras de los empleados de limpieza para dejar en condiciones el patio, lo que supone 1.000 euros”, calculó Gondán y, lo más grave en palabras del primer edil, los desperfectos ocasionados por pintadas en varias puertas del colegio. “No sabemos si las podremos limpiar, por lo que sustituirlas supondrá 3.000 euros”.

El primer edil defendió la actuación de Policía Municipal, a los que él mismo acompañó hasta las inmediaciones del colegio a las cinco y media de la madrugada tras recibir el aviso de los agentes presionados por el rosario de llamadas de los vecinos . “Solo estaban tres efectivos y yo, como máximo responsable del cuerpo, no permití que entraran a disolver un grupo de unas ochenta personas que montaban jaleo en la calle. Así que a mis instancias, su labor, ante la falta de medios, únicamente fue apaciguadora”.

El alcalde dijo además sentirse preocupado por las sanciones que pueda recibir el colectivo. “Como todos querían, hemos derogado la ordenanza cívica y, a la espera de que se haga otra, la normativa actual determina que Policía Municipal debe regir sus sanciones con la conocida como Ley mordaza. Y eso puede acarrear multas de hasta 2.000 euros”, añadió el alcalde.

El suceso ha abierto el debate sobre la cesión de espacios públicos y, como reconoció ayer Jon Gondán, quizá el colegio público quede excluido para según qué actos. Una sugerencia que ya había lanzado Javier Álvarez del grupo independiente AS Zizur. Y Bildu, por boca de sus ediles Mikel Apesteguía y José Ángel Sáiz, pidió no criminalizar al colectivo. “Ellos no pueden ser responsables de todos los que estaban allí”, lo justificaron. Alegaciones al TAVEn el pleno, que comenzó a las cinco de la tarde y se prolongó hasta pasadas las siete, también se discutió sobre las alegaciones al proyecto de reparcelación y de urbanización del PSIS del tren de Alta Velocidad (TAV). El portavoz de UPN, Luis Mari Iriarte, interpretó el nuevo período de alegaciones del Gobierno de Navarra - “decidido unilateralmente entre Manuel Ayerdi y el edil de Urbanismo de Pamplona sin contar con el consorcio del TAV del que Zizur y la Cendea de Cizur formamos también parte”- como un intento de desbaratar el proyecto. El concejal de Urbanismo, Andoni Serrano (Geroa Bai), le replicó que a él sí se le había avisado sobre esta demora. Su grupo votó a favor de estas alegaciones que, en resumen, piden una nueva redacción del PSIS, como también hicieron Bildu, Zizur Puede y As Zizur. El PSN lo hizo en contra - “nosotros queremos el TAV y por eso no vamos a poner impedimentos”, dijo su concejal José Ruiz- y UPN se abstuvo. “Votamos así porque dudamos del futuro del proyecto pero propiciamos a la vez que salgan las alegaciones”. Y un deseo común de todos: que Zizur tenga su estación del TAV si finalmente se materializa.

En el pleno también se abordó la disputa entre las dos ediles de Zizur Puede, Carmen Rubalcaba y Silvia Pérez. Ambas se acusan de romper la coalición y la primera recurrió contra el acuerdo del pleno que aprobaba el organigrama municipal y ponía a Pérez como portavoz del grupo. Un informe jurídico -que Rubalcaba anunció pensaban recurrir otra vez- desposeía a ambas del cargo y les instaba a llegar a un acuerdo. “Eso queremos, si desbloquea el teléfono a los compañeros y le podemos llamar”, dijo Silvia Pérez.


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