La
exmujer del dueño de Asfi, Iñaki Gil, compareció este viernes en calidad de imputada ante la juez de Instrucción que lleva el caso para declarar por su relación con el supuesto
fraude a decenas de comunidades de vecinos que gestionaba Asfi.
G. M. Q. S. a seguró que ella era administradora de una empresa llamada Lex Servicios Jurídicos desde abril de 2011, pero que fue Gil el que encaminó a la asesoría a los servicios a comunidades en lugar de a casos de violencia de género y divorcios. Ante la juez aseguró este viernes que
ella firmaba lo que Gil le decía sin hacer comprobaciones porque se fiaba de él y que nunca recibió ni atendió llamadas de comunidades preguntando sobre algunos de los cargos que se hacían a sus cuentas.
Sobre los
servicios que Lex prestaba a las comunidades de vecinos dentro del trabajo de Asfi, la imputada indicó que no desconocía que muchos propietarios de comunidades no supieran de la existencia de Lex y que era precisamente Iñaki Gil el que tenía que informarles, pues era un producto que vendía él a las comunidades, igual que otros, como los servicios de 24 horas.
Sobre sus responsabilidades como administradora de esta empresa vinculada con Asfi, la exmujer de Gil basó casi toda su declaración en señalar que ella hacía lo que le indicaba y que no llevaba la gestión real porque
Gil le dijo que no sabía hacerlo bien. Además, precisó que al principio le cuadraban las cuentas, pero que luego se desentendió sin darle mayor importancia. Añadió que no pidió dejar de ser administradora porque Gil le decía que si lo hacía se quedaría en la calle.
CUENTAS BANCARIAS
También este viernes declaró un responsable de Caja Rural sobre las cuentas de muchas comunidades que Asfi tenía abiertas en la entidad. Sobre el
baile de dinero entre unas cuentas y otras, indicó que esos traspasos no se pueden ver ni controlar y que no existe ningún mecanismo por el que hubiera que realizar algún control. Explicó también que Gil, con el que casi no tenía trato, no tenía restricciones para el movimiento del dinero de las comunidades y que los documentos aportados para abrir las cuentas eran los ordinarios en estos casos.
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