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Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas analizará el pago de las dietas

El auto propone el nombramiento de un instructor y el Ayuntamiento valora si recurre o no la decisión

Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid.

Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid.

Modem Press
25/07/2017 a las 06:00
  • Diario de Navarra. Pamplona

El Tribunal de Cuentas analizará el pago de dietas que estuvo vigente en el Ayuntamiento de Pamplona hasta el año 2013. Lo hará a instancia de Geroa Bai que, dos semanas antes de que se celebrara en dicho órgano una vista oral para dilucidar si la actual presidenta del Gobierno navarro cobró dietas de forma irregular, informó de su petición al tribunal.

En rueda de prensa, el partido anunció que solicitaría el nombramiento de un instructor para analizar la responsabilidad de Yolanda Barcina y Enrique Maya, exalcaldes de Pamplona por UPN, como máximos responsables del sistema del pago de dietas a los concejales. El Ayuntamiento tiene ahora de plazo hasta el jueves para decidir si recurre o no la decisión.

El auto con el que el Tribunal de Cuentas comunica su decisión de analizar el pago de dietas en el Consistorio pamplonés se conoce pocos días después de que ese mismo tribunal diera la razón a la actual presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, al rechazar que cobrara dietas por reuniones que no se celebraron cuando era concejal en el Ayuntamiento de Pamplona, entre 2008 y 2012.

En la sentencia, la consejera María Antonia Lozano Álvarez -la misma que firma el auto que inicia la nueva investigación de las dietas- se mostró muy crítica con el sistema que el Ayuntamiento tenía hasta 2013 para abonar dietas a concejales sin dedicación exclusiva.

Hasta entonces, se abonaba el máximo a cada concejal por adelantado y solo a posteriori cada portavoz entregaba un papel con el número de reuniones de grupo. Para la magistrada, ese sistema era “absolutamente inadecuado para garantizar una eficiente gestión de estos gastos y un suficiente control de los mismos”.

El carácter anticipado de los pagos, unido a la “imposibilidad” de poder conocer en qué fecha y hora se habían celebrado las reuniones de grupo por las que se abonaba la dieta “favorece la opacidad en la gestión de esos fondos públicos, minimiza las posibilidades de control sobre los mismos y potencia escenarios de posible enriquecimiento injusto”.

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