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TRIBUNALES

42 policías forales reclaman 1 millón al Gobierno por la demora de sus traslados

Alegan daños y perjuicios por los 29 meses que les costó ocupar el destino

Agustín Gastaminza, Ainhoa Aznárez, Uxue Barkos, María José Beaumont y Torcuato Muñoz Serrano saludan a un grupo de policías forales.

Agustín Gastaminza, Ainhoa Aznárez, Uxue Barkos, María José Beaumont y Torcuato Muñoz Serrano saludan a un grupo de policías forales.

CALLEJA
04/10/2016 a las 06:00
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La demora del Gobierno de Navarra en resolver los traslados de un grupo de agentes de la Policía Foral ha terminado en los tribunales. En concreto, son 42 reclamaciones por daños y perjuicios las que están pendientes de sentencia en diferentes órganos judiciales, desde los tribunales de lo Contencioso-Administrativo hasta la sala del Tribunal Superior de Justicia de esta jurisdicción.

Cada uno de los demandantes solicitan de media 30.000 euros por los “perjuicios económicos y morales” que sufrieron durante los 29 meses que, según se explica en las demandas presentadas, tardaron en ocupar un destino en su localidad de residencia. Un retraso que consideran injustificado y que atribuyen a una cadena de decisiones de la Administración foral que ven contrarias a derecho. Entre ellas, la paralización en el año 2011 de un concurso de traslados “sin resolución administrativa alguna por parte de la directora general de Interior” y cuando ya se conocía el resultado del concurso y el destino de todos los aspirantes.

La Administración foral, que en 2015 desestimó mediante la Orden Foral 139/2015 de 14 de julio el procedimiento de responsabilidad patrimonial previa interpuesto por 48 de los afectados, se enfrenta ahora a una reclamación que, en conjunto, supera el millón de euros.

Será la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN la que previsiblemente se posicione en primer lugar sobre uno de los 13 contenciosos que se están tramitando en este órgano. El fallo de la sala se espera para este mismo año -el contencioso se encuentra actualmente en fase de conclusiones para que los litigantes valoren la prueba-. La doctrina que dicte la sala marcará en buena medida el sentido del resto de las reclamaciones judiciales presentadas -en torno a 29- que, por ser inferiores a los 30.000 euros, se están tramitando en los juzgados de lo contencioso.

La polémica generada en torno a los traslados de destino de este grupo de agentes de la Policía Foral se remonta al año 2010. Entonces, el concurso de traslados previo a la entrada de la 20 promoción del cuerpo no se llevó a cabo. La Administración foral dilató la convocatoria hasta el año 2011. Se realizó mediante la resolución 1723/2011 de 11 de abril y por los sistemas de concurso o concurso específico de 119 plazas de empleo.

Las pruebas selectivas de la citada convocatoria tuvieron lugar en los meses de junio, agosto y septiembre de ese año y un mes después, a comienzos de octubre, el secretario del tribunal, José María Canales, y el miembro de ese órgano en representación de la comisión de personal, Raúl Juandeaburre, realizaron la adjudicación provisional del concurso.

Sin embargo, según se argumenta en una de las demandas presentadas, solo unos días después Canales paralizó la tramitación del concurso. Lo hizo tras recibir una llamada de la entonces directora general de Interior, Inmaculada Jurío, quien le “ordenó verbalmente” paralizar la publicación de la adjudicación provisional. Una paralización que los recurrentes consideran “contraria a derecho” porque, “ni existió resolución administrativa alguna por parte de la directora general, ni existió ningún acuerdo del tribunal calificador, ni se procedió a efectuar ninguna comunicación a los aspirantes”.

La decisión respondía a la notificación de una sentencia judicial por la que se anulaba y dejaba sin efecto el concurso de traslados de agentes de la Policía Foral del año 2009 al considerar que la resolución por la que se aprobó modificaba la plantilla orgánica, algo que compete al Gobierno de Navarra.

208 PLAZAS

La publicación del nuevo concurso de traslados no llegó hasta noviembre de 2012 con la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra de un total de 208 plazas para los agentes del cuerpo: 145 en Pamplona, 24 en Tudela, 11 en Estella, 10 en Tafalla, 8 en Alsasua, 5 en Sangüesa y 5 en Elizondo. Del total de plazas convocadas, 91 fueron para Inspección General, 58 para Seguridad Interior y Policía Administrativa, 28 para Investigación Criminal, 18 para Seguridad Ciudadana y 13 para Tráfico y Seguridad Vial.

Los agentes afectados por el retraso de la convocatoria de 2011 no pudieron participar en la citada convocatoria. Según argumentó el Gobierno, por la “extraordinaria situación sobrevenida” tras la anulación de la convocatoria de traslados de 2009, que provocó “en cascada”, la de los siguientes concursos y motivó que los destinos definitivos de la 19 promoción del cuerpo pasasen a ser provisionales. Sin embargo, el importante volumen de vacantes en el que derivó el concurso llevó en abril de 2013 al director general de Interior a dar “primer destino definitivo” a los forales afectados por los retrasos para acceder a una plaza en su localidad de residencia. Así, fue en mayo de 2013 cuando ese grupo de agentes tomó posesión en su nuevo puesto. Una fecha que utilizan en las demandas presentadas para determinar la cuantía de su reclamación. La calculan desde diciembre de 2010, cuando tomó posición la 20 promoción de la Policía Foral que, consideran, ocupó puestos que, en realidad, se les debían haber ofrecido a ellos primero.

Así, esos casi dos años y medio transcurridos entre una y otra fecha explicarían las cantidades que los afectados reclaman ahora al Gobierno foral por vía judicial al considerarle responsable patrimonial del perjuicio que les ocasionó el retraso en la convocatoria del concurso de traslados en la Policía Foral.
 
Las posturas enfrentadas
 

LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

1. Niega haber causado un daño cierto e individualizado al considerar “que la normativa aplicable no concede el derecho a acceder a una plaza determinada, sino que estos tienen una simple expectativa, legítima, pero expectativa, de obtener una plaza en mejores condiciones económicas o más próximas a su lugar de residencia, mediante los correspondientes procedimientos de provisión de puestos de trabajo legalmente previstos en los que pueden tomar parte...”.

2. Considera que, aun cuando “la Administración incumplió su deber legal de convocar en 2010 el concurso previo a la finalización de la formación de la promoción de nuevo ingreso (la 20 promoción), el resultado de dicho concurso solo representaba para ellos una mera expectativa de obtener la plaza solicitada.

3. Explica que la anulación del concurso de traslados de 2011 fue fruto de la sentencia que anuló el concurso de traslados del año 2009 que hacía “jurídicamente imposible” mantener el resultado del concurso de 2011.

4. El Gobierno foral argumenta que pese a que desde noviembre de 2010 se reconoce reglamentariamente a los policías el derecho a residir en un lugar diferente al que están destinados, dicho derecho se reconoce con exclusión de una posible indemnización por desplazamientos al lugar de trabajo.

LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES

1. El daño producido es antijurídico porque dimana del ejercicio de potestades regladas, no discrecionales. Argumenta que la anulación del concurso de traslados de 2009 se debió a un incumplimiento de la ley (se modificó de forma ilegal la plantilla orgánica) “cuyas consecuencias no deben ser soportadas” por los demandantes.

2. El Gobierno incumplió su obligación de efectuar un concurso de traslados antes de la finalización de los procesos de formación de las promociones de nuevo ingreso.

3. La paralización del concurso de traslados de 2011 fue “contraria a derecho” al no quedar constancia escrita de la resolución. No se efectuó ninguna reunión del tribunal calificador, no se redactó ningún acta, ni se publicó, ni se notificó la resolución a los afectados por la suspensión. El Gobierno tardó más de seis meses en anular el concurso de traslados y no publicó un nuevo concurso hasta casi 18 meses después.

4. Cuantificación del daño. Consideran que se ha causado a los afectados un daño cierto que “no tienen el deber jurídico de soportar, debiéndose condenar a la Administración a la indemnización del daño causado”. Existen daños económicos directamente evaluables y también daños morales por el sufrimiento o zozofra padecidos durante el tiempo que tardaron en acceder a la plaza.
 
Qué incluye la indemnización solicitada
 

Daños económicos por los desplazamientos realizados por los agentes afectados entre el domicilio y el puesto de trabajo (número de kilómetros realizados, número de horas y gasto de autopista). Algunas reclamaciones añaden la pérdida de ingresos sufrida por los demandantes al no poder acceder a plazas con un complemento de puesto de trabajo superior. También esgrimen daños morales “por el sufrimiento o zozobra padecidos durante los dos años y cinco meses que tardaron en acceder a una plaza en su localidad de residencia, la incertidumbre de la situación, el riesgo de la carretera y las dificultades para conciliar la vida familiar y personal”, según el relato de las demandas.

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