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TRIBUNALES

Inscribe en el registro a dos hijos que no son suyos para cobrar ayudas

El fiscal le pide tres años de cárcel por un delito contra la Seguridad Social, de la que percibió 18.214 euros

Sede de la Seguridad Social en Pamplona.

Sede de la Seguridad Social en Pamplona.

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Actualizada 20/08/2016 a las 10:04
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Una mujer será juzgada en los próximos meses acusada de haber inscrito en el registro a dos menores como hijos suyos, cuando no lo eran, y así cobrar tanto sus prestaciones de orfandad como las ayudas por tener a su cargo dos hijos. En total, según la acusación, percibió de la Seguridad Social 18.214 euros. El fiscal pide que devuelva esta cantidad y que sea condenada a tres años de prisión por un delito continuado contra la Seguridad Social en concurso con otro de falsedad en documento oficial.

El escrito de acusación recoge que la acusada “no era en realidad madre” de ninguno de los dos menores por los que cobraba ayuda. Pero con la intención de provocar un error en la Seguridad Social, logró falsificar (no se sabe si lo hizo ella u otra persona) cuatro certificados de escolarización en los que hacía constar que los dos menores habían estado escolarizados en un colegio de Navarra. Del mismo modo, falsificó cuatro certificaciones de atención médica de los menores. Con todos estos documentos, se presentó en el Registro Civil de San Sebastián y la juez del mismo acordó en enero de 2010 la inscripción de ambos menores como hijos de la acusada.

En diciembre de 2012, la Seguridad Social concedió sendas pensiones de orfandad a los dos menores inscritos por la mujer. Desde entonces y hasta noviembre de 2015, la acusada recibió prestaciones económicas por un total de 7.979,67 euros respecto de cada uno de sus supuestos hijos. Un total de 15.959,34 euros.

Además, el 26 de mayo de 2011, la mujer solicitó prestación por hijos a cargo a favor de los dos menores. El 1 de julio de ese año, la Seguridad Social aprobó estas prestaciones, por las que la acusada, según el escrito de acusación, recibió entre 2011 y 2015 un total de 2.255,25 euros.

Para el fiscal, todas estas ayudas fueron obtenidas “ilícitamente”. Además de la pena de prisión y la devolución de lo cobrado, el Ministerio Público solicita que la mujer no pueda recibir subvenciones públicas durante ocho años.

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