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POLÍTICAS SOCIALES

Laparra destaca el comienzo de la solución al conflicto de los centros de discapacidad

  • El Ejecutivo ha pactado con "la mayoría" sindical unas "mejoras laborales y sociales" que incrementarán en 3 millones de euros al año el presupuesto destinado a este servicios

Momento de la reunión entre el vicepresidente Laparra y el grupo de Anfas.
Momento de la reunión entre el vicepresidente Laparra y el grupo de Anfas.
CEDIDA
  • EFE. PAMPLONA
Actualizada 13/04/2016 a las 13:19
El vicepresidente de Políticas Sociales, Miguel Laparra, ha afirmado este miércoles que el acuerdo alcanzado entre el Gobiernos y UGT y CC OO supone "el comienzo de la solución" al conflicto que desde hace tres años viven los centros de atención a personas con discapacidad intelectual.

El Ejecutivo ha pactado con "la mayoría" sindical unas "mejoras laborales y sociales" que incrementarán en 3 millones de euros al año el presupuesto destinado a este servicios que engloba a 800 trabajadores y 650 usuarios.

El acuerdo será de aplicación a 15 pisos y residencias, algunos del Gobierno y otros ajenos, e implica la firma de nuevos contratos de gestión mediante licitaciones individualizadas, que comenzarán con las de los pisos de las Torchas, Vencerol y Mendebaldea.

Según ha precisado Laparra en conferencia de prensa, en 2017 se destinarán a estos centros 32,2 millones de euros frente a los 29,2 de 2016, un 10,3% más.

De este incremento, 2,2 millones serán para mejoras laborales, ya que las retribuciones por salarios y complementos aumentarán un 7,5 por ciento, incluyendo un incremento salarial del 3,35% y mejoras en turnicidad, festivos, reducción de jornada y, para una parte de la plantilla, capacitación.

El acuerdo garantiza además que las entidades privadas gestoras de estos centros deberán cumplir el convenio colectivo vigente, ahora el de 2012, ya que lo contrario será motivo para la resolución del contrato.

Asimismo el acuerdo entre Gobierno, CC OO y UGT aportará mejoras en la calidad de la prestación del servicio y para ello el Ejecutivo destinará 800.000 euros anuales adicionales al incremento de plazas y de personal.

Según Laparra, se trata de un "salto cualitativo" en el modelo de contratación pública por la implicación del Gobierno de Navarra en la negociación colectiva y en la garantía de las condiciones laborales que va a conllevar, aunque los incumplimientos e impagos que hay hasta la fecha son responsabilidad de las empresas adjudicatarias.

El vicepresidente ha puntualizado que el Gobierno licitará cinco centros propios (Atalaya, Las hayas, Infanta Elena, Oncineda y Valle del Roncal) y siete pisos también propios (uno nuevo en Barañáin y los de Mendebaldea, Vencerol, Las Torchas, Pamplona, Tafalla y Sangüesa), al tiempo que modificará los contratos de otros tres centros ajenos (Ramón y Cajal, Adacen y Carmen Aldabe).

Esta previsto que la gestión de todos los pisos esté adjudicada para agosto y en breve se iniciará la licitación de los centros propios para su adjudicación en el mes de octubre.

Finalmente, a partir del 2017, previo acuerdo con los titulares de los centros ajenos, el Gobierno podrá modificar los contratos para garantizar la aplicación del convenio colectivo y el resto de mejoras pactado. En este ámbito actualmente no hay conflictividad laboral.

El Gobierno se ha comprometido igualmente a recuperar el diálogo a tres bandas (con sindicatos y empresas), de manera que se puedan introducir mejoras en el nuevo convenio colectivo, que espera esté vigente a partir de 2017.

Aunque el Ejecutivo ha decidido realizar tantas licitaciones como centros hay, lo que posibilitará "mayor concurrencia",por razones de eficacia ha decidido que se podrán agrupar varios pisos o centros en una licitación siempre que la adjudicación sea de forma individual con una duración máxima de cuatro años.

En la valoración de las ofertas se dará más peso a la puntuación de la propuesta técnica que a la oferta económica (80% frente al 20%), y se incorporará al condicionado el deber de cumplir con las obligaciones laborales y una valoración de cláusulas sociales.

Entre estas se considerarán la contratación de personas de colectivos en exclusión, medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención del acoso, y el comercio justo.
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