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EMPLEADOS PÚBLICOS

Europa investiga la "discriminación" de interinos en la Administración foral

  • De prosperar las reclamaciones, serían alrededor de 8.000 los empleados públicos que se verían beneficiados

Oficina de la Hacienda foral en Pamplona.
Oficina de la Hacienda foral en Pamplona.
DN
  • EFE. Pamplona
Actualizada 17/03/2016 a las 14:54
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha confirmado a CSI-F Navarra que "está investigando la discriminación salarial de los interinos de la Administración foral".

Según precisa este sindicato en un comunicado, CSI-F Navarra ha recibido una comunicación de la citada Comisión en la que informa del estado actual de la denuncia que interpuso "contra el Gobierno de Navarra por vulneración de la Directiva Comunitaria 99/70 que establece la igualdad de trato entre el personal funcionario y el contratado al servicio de cualquier Administración Pública".

CSI-F asegura que "mantendrá la reclamación ante las instancias judiciales de la Unión Europea si fuera necesaria" por entender que "está defendiendo y liderando, en varios frentes, la plena equiparación salarial" entre funcionarios y contratados o interinos.

En este sentido recuerda que, tras la campaña que puso en marcha para defender al personal docente contratado, se formularon "numerosas reclamaciones por discriminación" contra el departamento de Educación del Gobierno de Navarra "que fueron desestimadas y contra las que se han interpuesto varios contenciosos que han sido acumulados en un solo procedimiento ante el Juzgado nº3".

En la vista celebrada este jueves por la mañana en él, la asesoría jurídica del sindicato CSI-F Navarra, "ha exigido la estimación de los recursos con base en la Directiva comunitaria y la jurisprudencia que ha ratificado en casos análogos de distintas CCAA el cumplimiento de dicha legislación, obligando a la plena equiparación salarial entre los empleados públicos".

De prosperar estas reclamaciones por complemento de grado y equiparaciones salariales serían alrededor de 8.000 los empleados públicos que se verían beneficiados.

De hecho, "dada la trascendencia del caso en el ámbito del Derecho de la Unión Europea, y una vez que se ha recibido la comunicación del Parlamento Europeo y la Comisión", CSI-F "ha solicitado también la suspensión del procedimiento y el planteamiento de una cuestión prejudicial de Derecho Comunitario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", precisa CSI-F.

Agrega que con ello se trata de "evitar dilaciones procesales de forma que sea el propio Tribunal de Justicia el que determine si existe o no vulneración de la normativa europea en este caso".

Y señala al respeto que en esta ocasión está dispuesto a recurrir "tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pues CSI-F entiende que la normativa comunitaria es suficientemente clara al respecto, como así se ha puesto de manifiesto en precedentes y sentencias anteriores de ambos Tribunales".

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