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GOBIERNO DE NAVARRA

Concedidos 620.000 euros al Colegio de Abogados para asistencia jurídico-penitenciaria

La ayuda está destinada a personas internas en el centro penitenciario de la capital, así como a personas extranjeras en dependencias policiales

Este 5 de junio de 2012 ha tenido lugar la inauguración de este centro penitenciario y de inserción social en la colina de Santa Lucía
Cárcel de Pamplona.
CLARA SANZ
  • DN.ES. PAMPLONA
Actualizada 16/03/2016 a las 13:55
El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este miércoles un acuerdo por el que se autoriza la concesión de una subvención de 620.000 euros al Colegio de Abogados de Pamplona para prestar el servicio de asistencia jurídico-penitenciaria a personas internas en el centro penitenciario de la capital. Se trata de un gasto plurianual que se imputará en los ejercicios presupuestarios comprendidos entre 2016 y 2019.

Este servicio consiste, por un lado, en un turno de letrados y letradas para asesorar a las personas internas, independientemente de su nacionalidad; información y asesoramiento de Derecho Penitenciario, cumplimiento de penas, acceso a la asistencia jurídica gratuita y, en general, derecho de los internos. Por otro lado, también incluye una guardia permanente localizable durante todos los días laborables y festivos, para asistir de forma inmediata y urgente en las dependencias policiales a las personas extranjeras, en aplicación de las medidas previstas en la legislación de Extranjería y Asilo.

El Servicio de Orientación Jurídico-Penitenciario (SOJP) comenzó a funcionar en 1998 a iniciativa del Colegio de Abogados de Pamplona, con el fin de facilitar información, orientación y transparencia en materia de legislación penitenciaria, cumplimiento de penas, acceso al turno de oficio y derechos en general a los internos del centro penitenciario. Además, el SOJP contribuye a la finalidad de reinserción social que debe orientar las penas de privación de libertad.

La defensa de los Derechos Humanos, independientemente de la procedencia de las personas, nacionalidad o estatuto administrativo, constituye uno de los pilares del Estado de Derecho, y en este marco intervienen los colegios de abogacía, para garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, velando por el estricto cumplimiento de la legalidad por parte de la Administración, y defendiendo los derechos y libertades fundamentales de todas las personas.

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