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PARLAMENTO DE NAVARRA

UPN y PSN bloquean una moción para aplicar las sugerencias del Defensor del Pueblo sobre los plazos de espera

Sala de espera del centro de consultas Príncipe de Viana, de Pamplona.
Sala de espera del centro de consultas Príncipe de Viana, de Pamplona.
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  • EFE. PAMPLONA
Actualizada 13/03/2012 a las 14:55
UPN y PSN han votado este martes en contra de que el Parlamento foral estime las sugerencias propuestas por el Defensor del Pueblo, Javier Enériz, sobre el grado de cumplimiento por parte del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de los plazos en las revisiones médicas marcados por los distintos especialistas.

Esto ha hecho que no haya prosperado en la comisión de Salud una moción presentada por Nafarroa Bai, que ha sido sustituida posteriormente por una enmienda presentada por el PPN, que ha recabado el apoyo de además de estas dos formaciones de los grupos de Bildu y de Izquierda-Ezkerra.

El texto planteaba solicitar al departamento de Salud que, valorando esas sugerencias, elaborara un Plan de Actuación sobre las listas de espera de consultas sucesivas, para que los plazos de las mismas sean acordes con las indicaciones de los facultativos en función de las necesidades de los pacientes.

En la moción se pedía que ese Plan de Actuación se presentara en la comisión de Salud en el plazo de seis meses.

Entre las sugerencias que hace el Defensor del Pueblo a la administración para reducir los tiempos de espera figura efectuar una evaluación en profundidad sobre la situación y causas de los tiempos de espera de las revisiones en las distintas especialidades.

Tras dicha evaluación, propone elaborar y aprobar un programa de medidas efectivas dirigidas a reducir los actuales tiempos de espera de las revisiones médicas.

El Defensor sugiere también plantearse o bien la elaboración de una normativa sobre tiempos máximos de espera en revisiones médicas o bien el establecimiento de uno criterios generales de referencia para cada especialidad médica, protocolizados y publicados, pero que no tengan que ser de obligado cumplimiento en todos los casos.

Los grupos han reconocido discrepancias con el plazo de 90 días establecido en las sugerencias del Defensor del Pueblo y han apuntado en este sentido que hay que tener en cuenta el tipo de intervención y su gravedad.


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