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PROYECTO LEY FORAL

La Renta de Inclusión Social sigue adelante con 7 enmiendas aprobadas

  • EFE. PAMPLONA
Actualizada 10/01/2012 a las 14:33
La Comisión de Política Social ha aprobado el dictamen en relación con el proyecto de Ley Foral por el que se regula la Renta de Inclusión Social en una sesión en la que han sido aprobadas 7 de las 76 enmiendas presentadas, tres suscritas por UPN y PPN, dos por UPN y PSN y dos del PPN.

Las 69 enmiendas restantes han decaído tras un debate en el que la oposición ha puesto de manifiesto su rechazo a la nueva regulación propuesta por el Gobierno foral y que sustituirá a la renta básica.

Las enmiendas de Nabai (13), Bildu (16) e I-E (21) se han centrado en mitigar el perfil "restrictivo" de la nueva norma para, cuando menos, mantener la prestación en sus niveles actuales.

Las del PPN, favorable a "actualizar" el contenido de la renta básica, pretendían evitar, fundamentalmente, la "exclusión" cómo beneficiarios de las personas en situación de desempleo que han agotado el cobro de todo tipo de prestaciones y subsidios.

Las dos enmiendas presentadas en solitario por el PPN y aprobadas han sido apoyadas por UPN, PSN e I-E. Una de ellas suma a las obligaciones de los beneficiarios la de "comunicar cualquier cambio de domicilio habitual" (rechazo de NaBai y abstención de Bildu) y la otra incluye la "renuncia" como motivo de extinción del derecho a la prestación (rechazo de Bildu, abstención de Nabai).

Una vez aprobado el dictamen, y tras ser rechazadas las enmiendas a la totalidad planteadas por Nabai, Bildu, PPN e I-E en la última sesión plenaria del año, el texto será elevado al pleno del próximo día 17, para su definitivo debate y votación.

La norma parte de que la finalidad principal de esta prestación se ha visto "desvirtuada" a causa de la crisis económica, de modo que entre los demandantes actuales se puede encontrar tanto a personas en situación de exclusión social, "destinatarios en origen" de esta prestación, como a gente que ha perdido el trabajo y ha agotado las prestaciones y subsidios por desempleo, y a quienes "en ningún caso cabe considerar como excluidos sociales".

Para restaurar la filosofía inicial de esta prestación "periódica y garantizada", se establecen dos itinerarios; uno para unidades familiares en situación de "exclusión social", a quienes se destina una prestación económica orientada a satisfacer las "necesidades básicas y fomentar la incorporación social" y otro para personas desempleadas y sin derecho a prestaciones y subsidios laborales, para quienes se prevén unas "ayudas" que el Gobierno deberá regular vía Decreto Foral en el plazo de "6 meses".

Entretanto y según se precisa en la enmienda in voce aprobada a instancias de UPN y PSN con el respaldo de NaBai y PPN, la abstención de Bildu y el voto en contra de I-E, la consejera establecerá con carácter "transitorio" las "condiciones y requisitos" de acceso a dichas ayudas.

La renta de inclusión social tiene carácter "complementario" y naturaleza "subsidiaria" respecto a cualquier otro tipo de recursos y ayudas económicas legalmente previstos, los cuales deberán hacerse valer "íntegramente con anterioridad" a su solicitud.

Para el acceso a esta renta, salvo excepciones "una por unidad familiar", se requieren 24 meses de residencia legal en Navarra (hasta ahora 12), ser mayor de 25 y menor de 65 años, y que los recursos económicos de la unidad familiar en el último semestre sean, en cómputo mensual, inferiores a la cuantía de la renta de inclusión social que le correspondería.

Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias de especial necesidad, podrán reconocerse como beneficiarias a personas que incumplan los citados requisitos de edad e ingresos.

La cuantía de la renta de inclusión social en 2012 será de hasta 641,40 euros mensuales, en el caso de una persona; de hasta 769,68, en el caso de dos; de hasta 833,82, en el caso de 3; de hasta 897, 96, en el caso de 4, y de hasta de 962,10 euros para cinco o más personas. Desde el decimotercer mes de percepción la renta alcanzará, como tope, el 90 % de cantidades estipuladas.

En cuanto al período de percepción, la concesión de la renta tendrá con carácter general una duración de 6 meses, ampliables hasta un máximo de 24. En los casos de renovación extraordinaria más allá de los 2 años, la prestación no superará el 80 % de los importes consignados.

El otorgamiento de la renta de inclusión social exige, entre otros, la suscripción de un acuerdo de Incorporación que podrá contemplar la "obligación" de participar en actividades de "cooperación, servicios de voluntariado y otro tipo de acciones en beneficio de la sociedad".

También en "acciones formativas vinculadas con estos ámbitos", requerimiento agregado a partir de una enmienda in voce suscrita por UPN y PPN, apoyada por PSN, y rechazada por NaBai, Bildu e I-E.

La no remisión o el incumplimiento del citado acuerdo de Incorporación se inserta entre las causas de extinción del derecho a la prestación. Causas a las que UPN y PPN han incorporado vía in voce, con el apoyo de PSN, el fallecimiento del beneficiario, "salvo en los supuestos de subrogación en otro miembro de la unidad familiar" que se regulen reglamentariamente.

La norma contiene un régimen sancionador dirigido a castigar las actuaciones destinadas a "obtener o conservar la renta a sabiendas de que no se reúnen los requisitos" exigidos.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, las solicitudes de renovación de la prestación se tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en la misma, excepto lo relativo al requisito de residencia continuada y efectiva, que será de 18 meses.

Finalmente, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno deberá aprobar mediante decreto el desarrollo reglamentario de la renta de inclusión social.


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