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I-E reclama al Parlamento que repruebe y pida el cese de Miranda

  • Argumenta que el consejero de Economía debe asumir la "responsabilidad" de una gestión "nefasta"

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José Miguel Nuin y Txema Mauleón, en una comparecencia reciente. DN
  • DN . PAMPLONA
Actualizada 07/10/2011 a las 01:02

Izquierda-Ezkerra ha presentado una iniciativa en el Parlamento de Navarra para que la Cámara "repruebe políticamente" al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, y exija su "cese" por su "nefasta" gestión en los Presupuestos de Navarra de 2011 y lograr así "que todo el mundo se moje" en el Legislativo. "Hay que hacer algo más que hablar" ante una gestión que es "en el mejor de los casos irresponsable y temeraria", señaló ayer el portavoz parlamentario de I-E, José Miguel Nuin.

Criticó que al elaborar las cuentas de 2011 Miranda no aplicara los criterios de contabilidad nacional, lo que hubiera supuesto incluir el pago de obras mediante el sistema de peaje en la sombra, para evitar que ahora se tengan que reducir 164 millones de gastos previstos. Y que no se anticipase a corregir los ingresos. "O el Gobierno de Navarra no se ha enterado de nada de lo que sucedía o estaba engañando a los ciudadanos", afirmó.

Sueldos y empresas públicas

Por otro lado, I-E ha reclamado al Ejecutivo en otra iniciativa parlamentaria que informe sobre los contratos de alta dirección que han existido en el sector público empresarial navarro desde 2007 hasta ahora, además de la remuneración anual de estos directivos, así como el importe económico de las cláusulas de indemnización en el supuesto de despido o rescisión de contrato.

I-E va a proponer en el futuro debate de los presupuestos de 2012 que ningún puesto de alta dirección en empresas públicas pueda cobrar más que quien ocupa la presidencia del Ejecutivo foral.

El 49% de solicitudes de renta básica, sin valorar

El parlamentario de Izquierda-Ezkerra Txema Mauleón denunció ayer que un 49,3% de las solicitudes de renta básica presentadas este año en Navarra están "sin ni siquiera valorar", cuando la ley determina que se deben resolver en 45 días. Por eso, ha pedido la comparecencia urgente de la consejera de Política Social, Elena Torres, en el Parlamento. De las 9.299 solicitudes existentes en agosto, estaban sin valorar 4.584, según los datos que ha dado Torres a I-E. Mauleón criticó que, como recoge la información facilitada por la consejera, sólo el 1,7 % de los expedientes (158) se han tramitado en el plazo legalmente establecido; un 7,27% (676) ha tardado entre 46 y 90 días; el 25,38% (2.360), entre 91 y 150 días, y el 7,48% (696), más de 150 días. Casi un 9 % de las solicitudes (825) están valoradas sin resolución o pendientes de completar la documentación.



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