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El Defensor duda de la legalidad de recortar 102 plazas en la OPE de nivel E

  • Han llegado 692 quejas de los afectados y se ha pedido un informe a la Asesoría Jurídica del Gobierno foral

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Opositores reunidos para hablar de la supresión de plazas. MARC EICH

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Actualizada 09/11/2011 a las 02:56
  • I.CASTILLO . PAMPLONA

El Defensor del Pueblo tiene dudas sobre la legalidad de la supresión de las 102 plazas de Salud en la Oferta Pública de Empleo de Nivel E y ha solicitado por ello un informe a la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra. Para el Defensor, la aplicación del decreto foral de medidas antidéficit, de fecha 6 de octubre, podría no ser pertinente ya que la convocatoria debería haberse realizado en septiembre y se pospuso por causas ajenas a los opositores.

Así, el Defensor señala que el retraso de la publicación de la lista definitiva de admitidos (12.121) y excluidos (458), la abstención de distintos miembros del Tribunal Calificador, y la no concreción de la fecha del ejercicio, son aspectos ajenos a los ciudadanos que participan en el proceso.

El Defensor añade que la convocatoria de plazas de nivel E "señalaba como fecha de comienzo de la oposición el mes de septiembre de 2011" y le suscita la duda puesto que de la entrada en vigor del Decreto Ley es posterior a esa fecha.

En este sentido, el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) informó en la página web de la convocatoria que el ejercicio se retrasaba al cuarto trimestre del año. Sin embargo, el Defensor añade que este anuncio informativo no puede tener los mismos efectos jurídicos y vinculantes que tendría una modificación de la convocatoria. Por ello, esta institución entiende que la administración se "habría vinculado consigo misma y con todos los participantes admitidos a que, para el mes de septiembre, ya debía estar aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos e iniciados los ejercicios de la oposición".

692 quejas de afectados

Tras la aprobación del Decreto-Ley Foral 1/2011 de 6 de octubre, que impulsa diversas medidas para el cumplimiento del déficit, entre ellas reducir en 102 plazas la convocatoria general de 167 puestos de trabajo de nivel E, el Defensor del Pueblo recibió 692 quejas de afectados (se presentaron más de 12.000 aspirantes).

En las quejas, los aspirantes manifestaron su total rechazo a la supresión de dichas plazas por parte del departamento de Salud (alegó como motivo la reunificación de las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra) ya que entienden que es contrario a los principios de buena fe y de confianza legítima, y consideran la decisión contraria a derecho por vulnerar lo dispuesto en el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

Del total, 450 personas presentaron quejas por un lado, 236 por otro y las otras 6 son individuales. Por el elevado número de quejas y por las dudas suscitadas de si procede o no aplicar el decreto de los recortes a la convocatoria, el Defensor del Pueblo, Javier Enériz, estimó oportuno sugerir al consejero de Presidencia, Roberto Jiménez, que solicite un informe jurídico que aclare este punto. El defensor le pedía que en un plazo de dos meses le hiciera llegar su postura, aunque todavía no ha recibido respuesta.

Selección DN+


  • Oscar
    (09/11/11 18:25)
    #3

    ¡Menuda chapuza y menudo cachondeo! eso por no decir otras cosas más gordas. Ahora presumiblemente se va a celebrar el examen el día 11 de Diciembre sin tener en cuenta lo que nos vaya a decir un Tribunal o un informe jurídico. Con el tiempo que se lleva de retraso que más da que, esta oposición se celebré el año que viene que, sería lo más lógico. Se devuelve el dinero pero, no se dice nada sobre si los temas de cocina van a entrar o no en el examen. Vamos, de risa.

    Responder

  • HACEDLASCOSASBIEN
    (09/11/11 13:45)
    #2

    Sacad de manera urgente las plazas que retirasteis porque tengo claro que los tribunales van a invalidar el proceso y van a ordenar repetirlo. Ademas de las importantes indemnizaciones que habra que pagar a los que hayan sacado plaza y que las vean invalidadas. El decreto es una chapuza porque no respeta principios fundamentales del ordenamiento juridico y de la relacion de los poderes publicos con los ciudadanos. Va a salir muy caro. El ahorro, que no es urgente porque de darse seria a medio plazo, no es motivo suficiente ni mucho menos. Es una pena la incertidumbre que estan generando por decisiones irresponsables.

    Responder

  • Ana
    (09/11/11 07:24)
    #1

    Aparte de que la administración no se va a ahorrar un duro privatizando las cocinas. Aún en el supuesto de tirar para adelante con la privatización, habría bastantes soluciones legales para recolocar a los funcionarios, seguro que la mayoría tienen titulación suficiente para ejercer un sinfín de puestos diferentes.

    Responder


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