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JUSTICIA

Rafael Catalá defiende en Pamplona las reformas contra la corrupción

  • El ministro de Justicia ha reiterado que el Gobierno del PP "no propone sanciones" a los medios de comunicación

Rafael Catalá, en Pamplona.
Rafael Catalá, en Pamplona.
EFE
  • efe. pamplona
Actualizada 05/05/2015 a las 14:31
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este martes las reformas legales planteadas para luchar contra la corrupción, "una realidad acreditada" que provoca "el rechazo generalizado de ciudadanos y partidos".

Según ha indicado en Pamplona, donde ha protagonizado el programa Foro Ser Navarra, debe haber "tolerancia cero con la corrupción" y ello exige "cerrar espacios de impunidad".

Con este objetivo ha defendido "acotar" la capacidad de gasto de los partidos con la ley de financiación, que los altos cargos estén "comprometidos con la ética" o la reforma del Código Penal para aumentar penas e inhabilitaciones y facilitar decomisos.

Por el contrario ha indicado que plantear mayores incompatibilidades para diputados o senadores requiere de un debate ya que el actual modelo es "exigente", "obliga a una transparencia absoluta" y para una norma "más restrictiva" sería preciso abordar también "compensaciones económicas suficientes para una dedicación exclusiva".

Preguntado por el incidente de trafico de Esperanza Aguirre, que se verá en un juicio de faltas, ha indicado que en su opinión esto "no ensombrece ni empaña" su trayectoria de "muchos años, con un acreditado recorrido de servicio a la sociedad".

Tras reiterar que "el pluralismo y la libertad de expresión" son valores fundamentales" y que el Gobierno del PP "no propone sanciones" a los medios de comunicación sino un análisis para trasladar a España la directiva europea sobre presunción de inocencia, Catalá ha valorado asimismo al trabajo que contra el fraude fiscal lleva a cabo la Agencia Tributaria.

Una labor, ha puntualizado, que desempeña con "absoluta reserva y discreción", un "modelo de independencia y altísima cualificación", al tiempo que ha advertido de que "las leyes están para cumplirlas" y la "confidencialidad de la información tributaria" no permite hacer pública la lista de investigados tras la amnistía fiscal.

Durante su intervención, el ministro ha aseverado que todas las medias contra la corrupción suponen también "fortalecer el Estado de derecho", al igual que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o las que ultima el Gobierno dirigidas a los procedimientos penales.

Entre estas ha citado el establecimiento de tiempos máximos de instrucción para el enjuiciamiento, 6 meses para causas sencillas y hasta 18 para las complejas, con "flexibilidad" en circunstancias especiales, y la separación de delitos asociados para evitar "macrocausas" que se dilatan en el tiempo.

Catalá ha apostado igualmente por la "cercanía a las víctimas" con un "catálogo de derechos" en un estatuto y ha sostenido que la reforma del Código Penal para incorporar la prisión permanente revisable es una medida que aporta "coherencia y racionalidad".

Para el ministro además no conlleva "riesgo de discrecionalidad" al quedar la decisión en manos de los jueces, pretende "atender a los más débiles", "no es en absoluto una condena perpetua" y es "plenamente conforme" con los Derechos Humanos y la Constitución.

De igual forma ha considerado "un modelo más justo" el que "para julio" entrará en vigor para el cálculo de indemnizaciones por accidentes, que ahora resulta "escaso" y no contempla cuestiones como "el daño futuro".

Para enero de 2016 ha anunciado también la entrada en vigor de las "relaciones exclusivamente telemáticas" entre la Administración de Justicia y los profesionales, una medida decidida en el marco de la incorporación de las nuevas tecnologías.

Al respecto ha reconocido que ésta es "todavía es escasísima" y existe "un batiburrillo de sistemas de gestión", por lo que ha apostado por "buscar el óptimo para igualar por arriba" y por hacerlo de forma "coordinada y armonizada" y "sin mermar un ápice la capacidad organizativa" de cada gobierno.


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