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Canal de Navarra

Comptos afea al Gobierno la postura en una adjudicación del Canal de Navarra

  • Cree que recomendaciones como las hechas por el Ejecutivo foral "pueden afectar a la autonomía" de la mesa de contratación

  • EFE. Pamplona
Actualizada 10/03/2015 a las 11:33
La Cámara de Comptos, al analizar la adjudicación de la zona regable del Canal de Navarra, ha considerado que recomendaciones como las hechas por el Gobierno foral sobre como debía actuar la mesa de contratación en este caso, "pueden afectar a la autonomía de estos órganos técnicos".

El órgano fiscalizador se refiere a la petición del Gobierno a la mesa de contratación para que, ya que el Ejecutivo tenía previsto exigir informes de los colegios profesionales para los contratos de más de 12,5 millones, considerara cumplir este requerimiento al tratarse de la obra "más importante posiblemente de la legislatura".

En opinión de la Cámara de Comptos, ese tipo de recomendaciones, y más todavía en mitad de un proceso en marcha, pueden afectar a la autonomía de estos órganos técnicos, y aunque reconoce que en ese caso la opinión de los colegios no ha alterado el resultado de las decisiones de la mesa, advierte también de que "podría haber dado lugar a situaciones complejas" si la opinión de los colegios no hubiera coincidido con la de la mesa.

Según recuerda, la adjudicación, en la que los aspectos económicos tuvieron una incidencia fundamental, recayó en el grupo OHL Construcción y SGAB.

El informe, solicitado por el Parlamento a instancias del PSN, Bildu, Aralar-Nafarroa Bai e Izquierda-Ezkerra, analiza la adjudicación de la ampliación de la zona regable del Canal de Navarra, un contrato de concesión de obras públicas para regar unas 15.000 hectáreas realizado por la empresa pública INTIA, S.A. y financiado mediante el sistema conocido como "peaje en la sombra".

La empresa adjudicataria realiza las obras y el mantenimiento de esas zonas durante 30 años, recuperando la inversión mediante el cobro de cánones abonados por INTIA y los regantes.

El presupuesto de la inversión ronda los 160 millones de euros y a la licitación acudieron dos consorcios, uno formado por Acciona e Iridium y el otro por las sociedades OHL y Sociedad de Aguas de Barcelona.

El 10 de febrero de 2014, horas antes de que la mesa de contratación hiciera público el resultado de la valoración técnica y apertura de las ofertas económicas, el Gobierno anunció que tenía previsto exigir informes de los colegios profesionales para los contratos de más de 12,5 millones, lo que se plasmó en un acuerdo el 19 febrero de 2014.

Desde su convicción de que siendo esta "la obra más importante posiblemente de la legislatura", no parecía "muy lógico" que quedara exenta de esta medida, el Gobierno de Navarra pidió a la mesa que considerara cumplir dicho requerimiento.

Así lo hizo la mesa, que sometió el procedimiento seguido a los Colegios de Ingenieros Agrónomos, de Caminos, Canales y Puertos, así como al de Economistas.

A la vista de este proceso, la Cámara de Comptos señala que el acuerdo del Gobierno no aporta ninguna innovación al marco jurídico, puesto que se limita a recomendar algo ya contemplado en la Ley Foral de Contratos y en el pliego del propio procedimiento de la ampliación de la zona regable del Canal de Navarra.

De hecho, la mesa ya había solicitado informes a colaboradores externos para valorar los aspectos económicos de la oferta.

En cualquier caso, la Cámara de Comptos pide al Gobierno que reconsidere el acuerdo del 19 de febrero y si entiende que el informe preceptivo de los colegios profesionales mejora la transparencia debería incorporarlo a la legislación de contratos.


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