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La juez absuelve de prevaricación y malversación a Andía en Egüés

  • La Audiencia de Navarra ha absuelto al exalcalde del Valle de Egüés de estos delitos por haber adquirido preferentes con dinero público

Josetxo Andía, este jueves en el banquillo de la Audiencia Pronvincial.

Josetxo Andía, este jueves en el banquillo de la Audiencia Pronvincial.

EFE
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Actualizada 12/02/2015 a las 23:55
  • AGENCIAS/DN.ES. PAMPLONA
La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha absuelto al exalcalde del Ayuntamiento del Valle de Egüés Josetxo Andía de los delitos de malversación y prevaricación de los que era acusado por la compra de participaciones preferentes por importe de 100.000 euros con dinero de una sociedad pública. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Los magistrados sostienen que los hechos no son constitutivos de un delito de malversación, ya que no se ha acreditado que el procesado destinase caudales públicos a usos ajenos a su función, ni que los desviara de su destino, ni que realizara un uso indebido del dinero, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

En la sentencia, la Audiencia explica que no existe una norma pública que prohíba la adquisición de productos financieros para obtener una mayor rentabilidad del capital social y destaca que la compra de participaciones preferentes no ha sido considerada contraria a la ley por parte del Tribunal de Cuentas.

Cabe recordar que ya se celebró un juicio por estos hechos en la primavera en el Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona, pero la juez determinó que debía ser anulado y celebrado en la Audiencia, al estimar que los delitos que se iban a juzgar podían conllevar penas de prisión de más de cinco años.

En la sentencia, conocida este jueves, la Audiencia determina que "las imposiciones de capital de la sociedad mercantil para obtener una rentabilidad que permitiera incrementar el capital social y propiciar de esta forma la consecución más adecuada de los fines sociales era habitual en la sociedad Andacelay y conocida por tanto por los miembros del Consejo de Administración como por quienes formaban parte de la Junta General, constituida por el pleno del Ayuntamiento de Egüés".

Relata así la Audiencia que el 17 de marzo de 2011 se llevó a cabo por parte del acusado un operación de depósito combinado, en la que la imposición a plazo fijo de 300.000 euros obtenía una mayor rentabilidad con motivo de la compra de participaciones preferentes de la serie A de Caixa Catalunya por un importe nominal total de 100.000 euros.

Según continúa, la oferta de este producto por Caixa Catalunya llevaba aparejada una mayor rentabilidad para el capital y la disponibilidad de la cantidad invertida, incluso la que se invirtió en la compra de participaciones preferentes, que podía obtener la liquidez mediante cruces de ofertas de compra y de venta en el mercado secundario.

Para la Sala, "la operación no resulta contraria al cumplimiento de los fines sociales de Andacelay, según se recogen con amplitud en sus estatutos y dado que se trata de un acto propio del tráfico mercantil para el que se la sociedad tiene capacidad".

"Además, se encuentra dentro de las facultades legales y estatutarias delegadas en el presidente-consejero delegado de la sociedad, quien era competente para efectuar la adquisición de participaciones preferentes sin que precisase la ratificación del Consejo de Administración y/o de la Junta General de accionistas", añade.

El exedil adquirió estas participaciones de una entidad financiera de la que era trabajador en excedencia por un importe total de 100.000 euros con dinero de la sociedad Andacelay.

Andía dimitió en marzo de 2013 como alcalde del Valle de Egüés y se dio de baja en UPN.

El Ministerio fiscal pedía cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación absoluta por un delito de malversación. Además, reclamaba una indemnización de 61.381,71 euros en favor de la sociedad pública.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el actual alcalde, Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), acusaba a Josetxo Andía de cuatro delitos: malversación, por el que pedía tres años de cárcel y seis de inhabilitación absoluta; fraude, por el que solicitaba un año de prisión; prevaricación, por el que pedía diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, y delito societario, por el que proponía una multa del tanto triplo del beneficio obtenido, estimada en 200.130 euros.

Asimismo, la acusación particular reclamaba una indemnización de 66.710 euros para la sociedad Andacelay y de 18.840 euros para los vecinos del valle. Por su parte, la defensa del excalcalde solicitaba su absolución.
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