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urbanismo

No aprobar el PSIS de Guenduláin habría costado 140 millones

  • El consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, ha explicado que el Gobierno debería haber indemnizado a los propietarios con esa cantidad

El nuevo consejero de fomento, Luis Zarraluqui

Luis Zarraluqui.

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Actualizada 30/01/2015 a las 13:59
  • Europa Press. Pamplona
El consejero de Fomento del Gobierno de Navarra, Luis Zarraluqui, ha afirmado que si no se hubiera aprobado el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) del Área Residencial de Guenduláin, el Ejecutivo foral debería haber hecho frente a una indemnización a propietarios de 140 millones de euros.

Zarraluqui, que ha asegurado que "con la actuación que estamos llevando a cabo esa amenaza queda absolutamente despejada", ha insistido en que "lo preocupante" al abordar este proyecto "sería la inacción".

Así lo ha señalado el consejero en el Parlamento de Navarra, donde ha comparecido este jueves para explicar el nuevo Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Área Residencial de Guenduláin, a petición del PSN y de Geroa Bai.

Cabe recordar que el 17 de diciembre de 2014 el Gobierno de Navarra aprobó definitivamente el PSIS del Área Residencial de Guenduláin. En 2010, cuando se aprobó dicho PSIS, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra declaró la nulidad del plan por dos defectos formales.

El consejero, preguntado por las consecuencias de no haber aprobado el PSIS, ha recordado que "este ámbito está planteado a través de un concurso de suelo que se sustancia en un contrato". "La otra parte cumplió, puesto que aportó los suelos que estaban previstos, que habían constituido su oferta, y el Gobierno de Navarra está en la obligación de entregar a estos propietarios originales las parcelas que resultan de la ordenación del área y que serán las que acaben siendo definidas por el proyecto de reparcelación", ha expuesto.

Si el Ejecutivo foral no cumpliese su obligación, ha añadido, "podría derivarse alguna acción indemnizatoria por parte de los propietarios, lo que nos llevaría a una situación indeseable de abono de unas cantidades que resultan onerosas, porque podría elevarse a un mínimo de 140 millones de euros". En todo caso, ha añadido que "es algo que no tiene por qué ocurrir porque se va a resolver con los procesos que hemos puesto en marcha".

"Desde el momento en que existe un contrato, si se incumple, siempre hay consecuencias y es fácil pensar qué tipo de consecuencias son, se piden las indemnizaciones correspondientes", ha insistido.

Por otro lado, en cuanto a quién tendría que pagar si no se cumplen los plazos de urbanización, Zarraluqui ha señalado que "los jueces, normalmente, suelen entender que el proceso es una previsión temporal, no es algo que tenga una rigidez que permita de forma inmediata exigir una indemnización". Por ello, ha considerado que "en principio no tenemos por qué temer ningún tipo de acción legal por esa parte".

El consejero, que ha recordado que el PSIS alcanza una superficie de 411 hectáreas y contempla 18.389 viviendas, ha defendido que "el interés público de la actuación se incardina plenamente en el desarrollo de una política de vivienda". Además, ha defendido que "no conlleva un especial gasto para la administración foral, que recibe gratuitamente el 20 por ciento del aprovechamiento privado resultante de la actuación".

Por otro lado, el consejero ha informado de que hay definidas cinco unidades de ejecución en el proyecto, de modo que se hará en cinco partes. En la actualidad, falta por tramitar los proyectos de reparcelación de las cinco unidades. Se han presentado los de las dos primeras y próximamente se presentarán el tercero y el cuarto.

LOS GRUPOS CUESTIONAN EL PROYECTO

En el turno de intervención de los grupos, la parlamentaria del PSN Maite Esporrín ha afirmado que las informaciones ofrecidas por el consejero son "preocupantes", ya que "si se sigue adelante, hay unos gastos terribles, y si no, le denunciarán". El proyecto, según la socialista, es para el Gobierno "una patata caliente".

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Manu Ayerdi ha dicho que a su grupo le cuesta "mucho" encontrar "el interés general" del proyecto y se ha preguntado "qué mochila se lleva el Gobierno a sus espaldas desde el punto de vista de obligaciones financieras".

Desde UPN, Amaya Otamendi ha agradecido la información expuesta por el consejero y le ha pedido que "los gastos sean los menores posibles" para el Gobierno de Navarra. Además, le ha animado a "seguir con la tramitación en los plazos más rápidos".

Por el contrario, el parlamentario de Bildu Koldo Amezketa ha criticado que "esto que no tiene nada que ver con el interés general", sino que "es un pelotazo urbanístico". "Ahora se está garantizando que los promotores y los bancos, que soportan los créditos, pase lo que pase, puedan recuperar su dinero; intereses particulares que se van a solucionar con el dinero público", ha censurado.

En representación de Aralar-NaBai, Txentxo Jiménez ha pedido al consejero que "salve el interés público" y se ha preguntado "de dónde vamos a sacar los 18.000 compradores" de las viviendas.

Asimismo, el parlamentario del PPN Eloy Villanueva ha sido crítico con el proyecto y ha insistido en que a su grupo no le gusta el plan, fundamentalmente, la fórmula elegida.

Finalmente, el representante de Izquierda-Ezkerra Txema Mauleón ha opinado que este proyecto "es un despropósito urbanístico y social". "Es una barbaridad construir la segunda ciudad de Navarra en un descampado de la nada", ha añadido.
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