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El TC niega que el registro de médicos objetores impida derechos

  • Descarta que pueda llegar a impedir el libre ejercicio del derecho a la libertad ideológica y religiosa, como alegó el PP al recurrir la ley foral

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Actualizada 03/10/2014 a las 12:38
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  • EFE. PAMPLONA
El Pleno del Tribunal Constitucional, al argumentar el aval que formuló a la creación en Navarra de un registro de médicos objetores de conciencia al aborto, ha descartado que éste pueda llegar a impedir el libre ejercicio del derecho a la libertad ideológica y religiosa, como alegó el PP al presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley foral

En la argumentación, hecha pública este viernes, de la sentencia por la que rechazó este recurso, el Constitucional ha incluido además la limitación del acceso a los datos personales contenidos en dicho registro

La sentencia avala, con la discrepancia del magistrado Andrés Ollero, la creación de este registro, prevista en la Ley Foral de Navarra 16/2010, al considerar que "no vulnera los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la intimidad de estos profesionales". 

La sentencia afirma que se trata de una ley "de naturaleza esencialmente procedimental", que tiene una finalidad "meramente organizativa" de los servicios sanitarios autonómicos y que trata de hacer compatible "de forma ordenada" la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo con el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales. 

A este respecto, el Tribunal especifica que las medidas contenidas en la ley foral "no limitan desproporcionadamente el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia", sino que "son acordes" con la conciliación que debe concurrir entre el ejercicio de este derecho y la obligación de la Administración navarra de garantizarlo en los supuestos legalmente previstos. 

El Pleno del Tribunal Constitucional descarta además que el registro pueda llegar a impedir el libre ejercicio del derecho a la libertad ideológica y religiosa, tal y como alegaron los demandantes. 

Según la sentencia, la creación de este registro ayuda a garantizar "la seguridad y confidencialidad de unos datos a los que necesariamente deben tener acceso los responsables pertinentes del Servicio Público de Salud, a fin de que tengan conocimiento de la disponibilidad del personal sanitario y puedan organizar en la debida forma la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo". 

El Tribunal, sin embargo, limita el acceso a los datos contenidos en el registro al declarar la inconstitucionalidad del inciso de uno de los artículos de norma recurrida, que permite el acceso a los datos a aquellas personas "que autorice expresamente la persona titular de la Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en ejercicio legítimo de sus funciones". 

La sentencia considera "razonable" que puedan acceder al Registro las personas titulares de la Dirección del Centro, de las direcciones médicas y de las direcciones de enfermería de los hospitales del Servicio Navarro de Salud, "pues es a ellas a quienes corresponde velar por la debida organización y gestión de la prestación sanitaria que debe resultar garantizada". 

Pero no ocurre lo mismo a su entender con las personas autorizadas por el titular de la Gerencia, como se establece en el inciso anulado, "pues tal previsión faculta un nuevo acceso, posesión y uso de los datos personales que contiene el Registro en unos términos tan abiertos e indeterminados que supone un límite injustificado en el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal". 

En todo caso, al tener la norma recurrida un carácter esencialmente procedimental y organizativo, se sitúa al margen del debate sobre la regulación relativa a la interrupción voluntaria del embarazo y, en consecuencia, no prejuzga ni afecta a la resolución del recurso de inconstitucionalidad relativo a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 

En su voto particular, el magistrado Andrés Ollero sostiene que la creación del registro no supera el juicio de proporcionalidad pues "no es necesaria para garantizar a las usuarias del sistema navarro de salud la prestación sanitaria de interrupción del embarazo". 

Y sin embargo, a juicio de este magistrado, "implica un sacrificio injustificado del derecho fundamental a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios del sistema público de salud navarro, dado el efecto desalentador del ejercicio del derecho, ante el explicable temor de los profesionales".
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Selección DN+


  • josé Martínez Echalar
    (03/10/14 16:08)
    #2

    Gracias.

    Responder

  • josé Martínez Echalar
    (03/10/14 16:07)
    #1

    ¿Hubiera sido más lógico crear un Registro de médicos que no tienen inconveniente en anular el embarazo , o sea: abortar?

    Responder


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