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Parlamento de Navarra

El Gobierno foral envía al Parlamento la información sobre el contrato del circuito de Los Arcos

  • La oposición cuestionó que una empresa pública firmara un contrato con cláusulas de confidencialidad

Circuito de Navarra

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Javier Muñoz
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Actualizada 01/07/2014 a las 18:47
  • E.PRESS. PAMPLONA
La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, señaló que el Ejecutivo foral remitió el pasado 27 de junio al Parlamento de Navarra la información relativa al contrato suscrito con la empresa Los Arcos Motorsport para el arrendamiento del circuito de Los Arcos.

Cabe recordar que los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra emitieron un informe en el que rechazaban que el Gobierno foral hubiese declinado inicialmente enviar esta documentación amparándose en una cláusula de confidencialidad que contemplaba el contrato y en la protección de datos de carácter personal.

Los servicios jurídicos del Legislativo señalaron entonces que "no cabe oponer como óbice legal la protección de datos de carácter personal" para que el Gobierno no aporte información a la Cámara y añadieron que es "fácilmente remediable mediante la despersonalización de la información".

Yolanda Barcina explicó, en una comisión en el Parlamento de Navarra a petición de Bildu, que, tras conocer esta posición de los servicios jurídicos, la empresa pública NICDO solicitó autorización expresa por escrito a Los Arcos Motorsport para poder facilitar al Parlamento esta información.

Barcina precisó que se hizo esta solicitud para "no incurrir en un posible incumplimiento contractual" por parte de NICDO, firmante del contrato con la compañía Los Arcos Motorsport.

"BIEN ESTÁ LO QUE BIEN ACABA"

El 24 de junio se recibió la autorización por parte de esta empresa y el 27 de junio el Gobierno remitió la información al Parlamento. "Bien está lo que bien acaba", indicó Yolanda Barcina.

Ante la queja de la oposición de que se hubiera suscrito un contrato con cláusula de confidencialidad, Barcina apuntó que ella no se dedica a "incluir cláusulas en los contratos que formalizan las empresas públicas del Gobierno". "Estamos hablando de un contrato que no está sometido a la ley de contratos públicos, pero sus bases reguladoras se publicaron en el portal de contratación de Navarra sin que existiera obligación. No ha habido voluntad en las empresas públicas de ocultar información", valoró.

El portavoz de Bildu, Maiorga Ramirez, indicó que "el hecho de que el Gobierno suscriba cláusulas de confidencialidad habla por sí mismo" y añadió que "no ha actuado bien". "Se solicitó la información el 5 de marzo y ante la comparecencia que ha tenido que hacer aquí han hecho todas las gestiones para enviarla", señaló.

Por el contrario, el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, dijo que "parece que si se da la información también molesta" y explicó que este es "un tema claro: si se firma un contrato de confidencialidad hay que pedir a una de las partes si acepta que se entregue, porque si no puede haber problemas en los tribunales de justicia".

El parlamentario del PSN Juan José Lizarbe aseguró que "el problema se ha producido porque el Gobierno firma un contrato con cláusulas de confidencialidad". "Esto no es culpa de un marciano. Quien ha metido la cláusula es quien se niega a dar la información", señaló.

Por su parte, el parlamentario de Aralar-NaBai Patxi Zabaleta afirmó que "las sociedades públicas forman parte de la Administración y no pueden incurrir en contrataciones en las que quepa argüir ni las cláusuas de confidencialidad ni las protecciones de datos personales". "Si hay puestas cláusulas de confidencialidad, se quitan", indicó.

El portavoz del PPN, Enrique Martín Marcos, señaló que el informe de los servicios jurídicos es "claro" y señaló que "independientemente del error o no de firmar cláusulas de confidencialidad, es de agradecer que el informe jurídico ofreciese una salida para obtener la información".

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón aseguró que "la transparencia debería ser un elemento básico de cualquier Gobierno y la realidad es que en un principio el Gobierno denegó la información solicitada". "Queda la duda de si el Gobierno hubiera seguido en sus trece si el Parlamento no emite el informe jurídico", añadió.
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