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Tribunal Constitucional

El Constitucional anula la ley de funcionarios de Navarra de 2013

  • Se trata de la norma que autorizaba un nuevo proceso de funcionarización de las Administraciones Públicas navarras

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Actualizada 30/06/2014 a las 17:34
  • Efe. Madrid/Pamplona
El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la ley foral de 2013 que autorizó la apertura de un nuevo "proceso de funcionarización" de las administraciones públicas de Navarra, en una sentencia que estima el recurso presentado por el Gobierno de España y declara la inconstitucionalidad de la norma.

El TC fundamenta que para el personal estatutario y contratado laboral fijo de la Administración Foral y sus organismo autónomos la ley navarra se limita a autorizar al Gobierno de la comunidad autónoma para la apertura de un nuevo plazo para la adquisición de la condición de funcionario en idénticas condiciones a las fijadas en la ley foral de 2003.

A partir de ahí, añade, se despliega un complejo juego de remisiones, pues la ley de 2003 se limitó a su vez a autorizar al Gobierno de Navarra para la misma operación en favor del mismo colectivo en idénticas condiciones a las fijadas en otras leyes forales de 1990, 1992 y 1993.

El Constitucional explica que estas leyes, utilizando siempre la misma fórmula, permitieron a distintos colectivos optar por una sola vez por la integración en el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra al objeto de adquirir la condición de personal funcionario "de conformidad con el procedimiento que reglamentariamente se determine".

Para el TC, "todas estas remisiones ponen de manifiesto la flagrante vulneración de la reserva de ley formal" que exige la Constitución para la regulación del acceso a la función pública.

El Alto Tribunal argumenta que el resto de la ley foral que ahora anula se dedica a regular el proceso que permite a determinado personal laboral de las entidades locales de Navarra adquirir la condición de funcionario.

La iniciación del proceso, precisa la sentencia, queda supeditada a la decisión de las entidades locales de Navarra mediante el acuerdo favorable de sus órganos de gobierno y excluye tanto al personal laboral fijo que ocupe puestos de trabajo de carácter discontinuo o a tiempo parcial como el que hubiera devenido fijo sin haber accedido a su puesto de trabajo con tal condición.

Según el TC, se trata de una modalidad de acceso a la función pública que no es acorde con la doctrina ni con el Estatuto Básico del Empleado Público y recuerda que la Constitución veda toda restricción injustificada de las condiciones de acceso.

Los servicios prestados, aclara, pueden ser valorados como mérito y capacidad, pero no pueden llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros, de tal forma que no pueden quedar excluidos los "aspirantes libres" que no prestan servicios como personal laboral fijo, entre quienes se encuentran incluso los funcionarios interinos.

En consecuencia, el TC anula la ley foral "al configurar un proceso de integración automática que resulta proscrito por la Constitución y por el Estatuto Básico del Empleado Público".
Esta resolución ha sido conocida hoy, fuera del orden del día, en la sesión que han celebrado la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara navarra.

Tras conocerla, el portavoz de Aralar-NaBai, Patxi Zabaleta, ha denunciado que el Tribunal Constitucional "vuelve a quitar a Navarra un jirón más de derechos históricos en materia de funcionariado".

En su opinión, se trata de una "sentencia negativa, muy significativa del avance del centralismo en un derecho que históricamente era de forma innegable de Navarra".
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