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Parlamento de Navarra

Modifican la Ley de Contratos Públicos para aumentar la transparencia

  • Con el cambio se proyecta reducir la excesiva implantación del procedimiento negociado sin publicidad

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Actualizada 12/06/2014 a las 13:00
  • EFE. Pamplona
El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves en Pleno la modificación de la Ley Foral de Contratos Públicos, que proyecta reducir la excesiva implantación del procedimiento negociado sin publicidad, con el ánimo de dotar más transparencia a las adjudicaciones públicas.

La reforma ha salido adelante con los votos a favor de UPN, PSN, PPN, I-E, Geroa Bai -impulsores de la iniciativa- y la abstención de Aralar-NaBai y Bildu.

La Ley persigue corregir el abusivo recurso al procedimiento negociado sin publicidad en la adjudicación de contratos por parte de la Administración, dado que supone el "60% de todos los conciertos y más de un 17% del importe contratado".

Con esta modificación normativa, se pretende "dotar de más transparencia a las adjudicaciones públicas, en un contexto en el que la igualdad de oportunidades o la transparencia, principios inspiradores de la legislación comunitaria, resultan especialmente relevantes".

La Ley plantea "reconsiderar las cifras máximas que se establecen para poder utilizar el procedimiento negociado sin publicidad en los contratos públicos, estableciendo límites más ajustados".

Igualmente, se dispone que los requisitos para acceder a este tipo de contratos públicos sean "los mismos para todas las entidades", algo que no sucede en la normativa actual.

Asimismo, se mejoran las normas de publicidad de los contratos negociados sin publicidad, pues hasta ahora era potestad de la entidad contratante decidir si anunciaba o no una licitación a través del Portal de Contratación de Navarra o en la prensa diaria escrita, pero ahora la Ley prevé la obligación en los casos en los que el valor del contrato se sitúe entre los 200.000 y 60.000 euros.

La Ley recoge también las propuestas de mejora incluidas en la Memoria del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra de 2013, tal y como solicitó su Presidente en el curso de su comparecencia en sede parlamentaria.

Por otro lado y en aras a conseguir un "ahorro sustancial" de los plazos de resolución (entre 5 y 10 días), se suprime la admisión a trámite de la reclamación, con el fin de que pueda ser resuelta en 20 días hábiles desde su interposición.

Asimismo, se esclarece la documentación a presentar por los recurrentes y se regula el procedimiento de prueba, por su "utilidad en asuntos técnicamente complejos".

Del mismo modo, a imagen y semejanza del resto de tribunales de recurso de España, se da cauce a la posibilidad de aplicar "multas por temeridad o mala fe" en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares.

En el turno a favor, Carlos García Adanero (UPN) ha deseado que la reforma "sirva para mejorar y adaptar a la normativa europea", mientras que Samuel Caro (PSN) ha valorado el "consenso" que ha primado en esta ley, que ha deseado "sea referente para conseguir el objetivo de transparencia e igualdad de oportunidades".

También por el PPN Eloy Villanueva ha valorado el consenso obtenido en muchas de las enmiendas presentadas para "una ley sólida" y "una de las más importantes que puede regir en una administración, pese a que no luce de cara a los ciudadanos como otras", mientras que Txema Mauleón (I-E) ha valorado el "acuerdo muy razonable" alcanzado y que se mejora en "transparencia y claridad".

Manu Ayerdi (Geroa Bai) ha expresado su "satisfacción" por la aprobación de su iniciativa y por el "consenso" alcanzado.

En contra, Maiorga Ramirez (Bildu) ha lamentado la aprobación en este punto de una enmienda que modifica la Ley de Subvenciones, ajena a lo hoy debatido, que permite excluir de presentar garantías en determinados casos a organizaciones sindicales y empresariales, "una bomba de barro, un auténtico escandalazo" para "una ley que comenzó bien, con esfuerzos de consenso".

En la misma línea Juan Carlos Longás (Aralar-NaBai) ha lamentado que la modificación es "una trágala" y rompe el consenso "unánime" que había y que se han "cargado" por "meter un elemento bastardo", que persigue beneficiar a sindicatos promotores de viviendas, con "intereses que van mucho más allá de lo estrictamente sindical".
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