La
Asociación de Afectados de Navarra por Campos Electromagnéticos pidieron este miércoles que se modifique la
ley foral de 2002 sobre la colocación y uso de instalaciones que generan
campos electromagnéticos, para adecuarla a las resoluciones del Parlamento Europeo.
Representantes de la Asociación comparecieron esta tarde en comisión en el Parlamento foral para explicar sus alegaciones al
Plan de Salud 2014-2020 de Navarra.
Tras esa comparecencia, la Asociación emitió un comunicado en el que califica "
obsoleta" la normativa foral sobre los campos electromagnéticos y que se incluyan en el nuevo Plan de Salud de Navarra las recomendaciones del Consejo de Europa".
"Según la OMS -agrega la nota- los contaminantes ambientales
van a duplicar los casos de cáncer en las próximas dos décadas. La OMS, en 2001, clasificó las frecuencias extremadamente bajas (líneas eléctricas) en el grupo 2B de agentes carcinogénicos, y más tarde, en 2011, las radiaciones de microondas (móviles, wifi, inalámbricos,etc.)".
La Asociación pide que, en consecuencia, en el Plan de Salud se reduzcan los niveles de exposición para antenas de telefonía móvil a 0,1 microwatios por centímetro cuadrado para toda la población.
Asimismo, pide que el Gobierno realice mediciones de campos en toda Navarra; la creación de un organismo de participación ciudadana sobre este asunto; y la eliminación de los sistemas inalámbricos, como wiki o wimax, en centros de enseñanza y que se sustituya por la conexión a internet por cable o fibra óptica.
La Asociación solicita también la
prohibición de instalar transformadores en edificios habitados y el reconocimiento de la "
electrohipersensibilidad" (EHS) como motivo de incapacidad.
Respecto a la Ley de Telecomunicaciones aprobada por PP, PSOE y CIU, la Asociación critica su contenido porque, asegura, "permite a las compañías de telecomunicaciones instalar antenas sin licencia municipal y autonómica, llegando a la posibilidad de la expropiación forzosa de las azoteas de las comunidades de vecinos", y recuerda que el colegio de administradores de fincas de España se ha expresado en contra de la misma.
"Denunciamos que responsables de instituciones públicas -señala la nota- no están haciendo nada por proteger la salud de la población. Es perfectamente posible conjugar la aplicación y la gestión del principio de precaución con el uso razonable de esta tecnología".
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