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Crisis institucional

ELA demanda penalmente a Barcina y Goicoechea en el Tribunal Supremo

  • EUROPA PRESS. PAMPLONA
Actualizada 19/02/2014 a las 18:09
El sindicato ELA ha presentado este miércoles una denuncia en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con el objeto de que se investiguen las responsabilidades penales en las que podrían haber incurrido la presidenta y la vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina y Lourdes Goicoechea.

La denuncia ha sido presentada "sin perjuicio del resultado que arroje la comisión de investigación creada en el Parlamento de Navarra" tras las acusaciones de la exdirectora de la Hacienda Tributaria de Navarra Idoia Nieves, quien atribuyó a la vicepresidenta injerencias e intentos de conseguir documentación confidencial.

"Hechos gravísimos que pudieran ser susceptibles de acarrear responsabilidades penales" y en los que, según los servicios jurídicos de ELA, tanto Goicoechea como Barcina al menos han podido incurrir en dos delitos del Código Penal, el 428 (tráfico de influencias) y el 417 (revelación de secretos o informaciones).

La denuncia reproduce las frases textuales pronunciadas por Idoia Nieves al explicar su dimisión en sede parlamentaria, primero por el retraso en las devoluciones del IVA a las empresas y sus consecuencias, y segundo por la "intromisión" de la consejera y sus "persistentes" injerencias "en competencias que no le corresponden" si bien todas ellas "en grado de tentativa".

El texto recuerda igualmente la creación de la comisión de investigación en el Parlamento para esclarecer los hechos y la reacción de Goicoechea al reconocer que intercedió ante la Hacienda navarra por una empresa conservera para la que había trabajado como asesora tributaria antes de entrar a formar parte del Gobierno foral.

Para el sindicato, los hechos descritos "sin perjuicio de ulterior calificación" revisten presuntamente las características de los tipos penales de tráfico de influencias y violación de secretos "y al menos en grado de tentativa".

Por ello, ELA considera "imprescindible" que se inicie una investigación judicial "que aclare estos posibles casos de corrupción política y que se depuren todas las responsabilidades incluidas las penales, en el caso de haberlas".

La revelación de secretos o informaciones está penada con multa de seis a dieciocho meses; en el caso de resultar grave daño para la causa pública, de uno a tres años de prisión; y si se trata de secretos de un particular, de dos a cuatro años de prisión y multa de doce a dieciocho meses.

En todos los supuestos se incluye la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo que oscila entre uno y cinco años.

Respecto al tráfico de influencias, las penas pueden ser de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación por un tiempo de entre tres y seis años.


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