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TRIBUNALES

La juez del 'caso Asfi' imputa a Iñaki Gil por apropiación indebida

  • La juez considera que Gil ocultaba de forma intencionada las transferencias y movimientos irregulares en sus cuentas anuales
  • El empresario, dueño del Grupo Asfi, administraba más de un centenar de comunidades de vecinos

Iñaki Gil, en una imagen de noviembre de 2012.

Iñaki Gil, en una imagen de noviembre de 2012

DN
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Actualizada 16/01/2014 a las 15:13
  • EFE. PAMPLONA
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha dado por concluida este jueves la investigación del denominado "caso Asfi", mediante un auto en el que imputa al empresario navarro Iñaki Gil un delito continuado de apropiación indebida.

La jueza, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), también imputa el citado delito a una empleada de la empresa Asfi, que administraba numerosas comunidades de vecinos en Pamplona y su entorno.

E igualmente imputa el mismo delito a Genma Quiroga Soto, la administradora de una empresa dedicada a la tramitación de procedimientos judiciales y extrajudiciales frente a morosos de comunidades de propietarios, al hacer cargos que carecen de soportes o no se corresponden con procedimientos efectivamente iniciados.

Por contra, la titular del juzgado no considera que estos hechos puedan "ser constitutivos de un presunto delito de falsedad documental como en alguna ocasión se ha alegado", fundado en el hecho de que Gil llevara "una doble contabilidad con las comunidades de propietarios con el fin de ocultar las transferencias ilícitas realizadas".

Al respecto, aclara que las actas de las comunidades son un documento privado y su falsificación en la modalidad de faltar a la verdad en la narración de los hechos cometida por particular "sería impune".

Sí considera, no obstante, que ha de valorarse "esta conducta como elemento integrador de la circunstancia agravante" puesto que pone de manifiesto que las comunidades confiaban en el administrador una gestión contable en la que, al rendir sus cuentas anuales, había una ocultación intencionada de las transferencias y movimientos irregulares realizados.

En su auto, la jueza considera que "no es procedente" dirigir el auto de procedimiento abreviado contra el Banco de Sabadell y la Caja Rural de Navarra, a los que algunas comunidades denunciaron por permitir la apertura de cuentas estableciendo a Gil como autorizado para disponer de ellas, ya que se ha descartado "una posible cooperación o complicidad para la realización de los hechos delictivos".

Sin embargo, la jueza reconoce que "es cierto que los empleados de las entidades bancarias han podido cometer algún tipo de irregularidad al procederse a la apertura de las cuentas o determinación de la persona autorizada para disponer, pero este hecho en sí no constituye una participación penalmente relevante, sin perjuicio de las consecuencias que en su caso pudieran derivarse".

Concluye la jueza que "si en la apertura de alguna de estas cuentas no se han cumplido las condiciones exigibles, estaremos ante una eventual responsabilidad civil o incluso de índole bancario a depurar por el Banco de España pero no de carácter penal", por lo que archiva esta causa.

En el auto, que puede ser recurrido, la magistrada emplaza al Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas a que en diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien reclamen el sobreseimiento de la causa.

Este caso se remonta a junio de 2012 y es fruto de una investigación del equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Navarra sobre una supuesta apropiación indebida millonaria cometida por el empresario Iñaki Gil, dueño del Grupo Asfi, que administraba más de un centenar de comunidades de vecinos.

Iñaki Gil, que ha negado haberse apropiado de los recursos de las comunidades de vecinos, fue detenido el 26 de noviembre de 2012 en Vitoria y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, que decretó su ingreso en prisión.
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