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La Cámara de Comptos aboga por un "modelo asistencial homogéneo"

El presidente de la entidad, Helio Robleda, ha instado esta mañana en comisión a "agilizar la gestión de impagados"

Empleadas de residencias públicas critican que trabajan
Empleadas de residencias públicas critican que trabajan "sobre mínimos"
  • EFE. PAMPLONA
Actualizado el 12/11/2013 a las 12:01
El presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, ha abogado este martes por avanzar en "un modelo asistencial homogéneo" en la atención residencial y diurna en el ámbito de la dependencia y ha instado a "agilizar la gestión de impagados". 

En una comisión parlamentaria solicitada por Bildu y PSN, Robleda ha argumentando su propuesta de avanzar hacia un modelo asistencial homogéneo señalando que éste es un sector con "gran incertidumbre a futuro por la situación económica y con gran necesidad de atención", en el que la falta de recursos públicos ha hecho necesario acudir al ámbito privado.

"Las colaboraciones públicas-privadas tienen que hacerse en condiciones de igualdad", según Robleda, quien ha apostado por un mayor seguimiento en las medidas de calidad de los pliegos que rigen los contratos y ha instado a la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP) a publicar sus memorias.

Robleda ha remarcado la necesidad de contar con herramientas de gestión, ya que actualmente se encuentran con que en muchos aspectos "no hay nada fiable en las comparativas".

En la presentación del informe, que analiza la prestación de esos servicios en el periodo 2008-2012, ha señalado que se está produciendo una "minoración en las cantidades económicas concedidas" a los usuarios y un "alargamiento de los plazos para la concesión".

Según los datos que ha aportado, el gasto público destinado a los servicios de atención residencial y diurna en el ámbito de la dependencia ha experimentado en ese periodo un aumento medio del 35%, alcanzando los 85 millones de euros, sobre todo por el aumento del gasto en centros concertados y gestión externa, ya que el gasto en centros propios disminuye.

En este periodo ha aumentado un 86% la contribución de los usuarios al sustento de los recursos empleados en toda la red, un 107% en el caso de las cuotas de usuarios de centros de tercera edad, un 31% en centros de discapacidad y un 24% en centros de enfermedad mental.

Robleda ha explicado que el cambio de la normativa y la crisis económica han llevado a que cuando el usuario no puede acceder a un centro público ni concertado, la Administración tenga la obligación de ofrecerle una plaza en un centro privado, es lo que se conoce como prestación vinculada al servicio.

En el periodo estudiado esa prestación ha aumentado un 56%, al tiempo que ha disminuido un 9% la ayuda en el entorno familiar. La prestación vinculada ha pasado de 974 en 2008 a 1.522 en 2012, mientras que las ayudas se han reducido de 8.071 en 2008 a 7.336 en 2012.

El informe recoge un incremento de las plazas destinadas a todos los recursos, tanto en la tercera edad, como en discapacidad y salud mental

Respecto a la gestión de los contratos para prestar servicios de atención residencial y diurna ha indicado que en términos generales se cumple la legalidad aunque "hay que mejorar la gestión del impago de los usuarios, que por parte de la Agencia Navarra de la Dependencia se realiza de forma no adecuada".

Asimismo ha detectado una deficiencia a la hora de aplicar las sanciones a los centros que puedan derivarse de las inspecciones del departamento de Políticas Sociales, que se quedan en "amonestaciones verbales"

En cuanto al gasto público por plaza en un centro público ha precisado que en el caso de la discapacidad las plazas residenciales supusieron un gasto anual de unos 61.000 euros en 2012, habiendo experimentado un descenso del 19%, mientras que las plazas en pisos funcionales superaron los 36.000 euros, tras bajar un 7% respecto a 2008.

Bikendi Barea (Bildu) ha concluido que el informe refleja un debilitamiento de lo público frente a lo privado y ha pedido a Comptos que precise las razones para el cambio de modelo, mientras que María Victoria Arraiza (PSN) ha insistido en la necesidad de impulsar la inspección para mejorar la calidad de los servicios.

Por su parte, José Antonio Rapún (UPN) ha valorado el incremento de plazas y ha precisado que el procedimiento de impagados está funcionando y que la ANAP ya ha publicado sus memorias.

Xabi Lasa (Aralar-NaBai) ha sostenido que un descenso de la financiación estatal no obliga a reducir la del Ejecutivo foral y ha señalado que "encender las alarmas" ante el deterioro de la calidad del servicio y de las condiciones laborales.

Por el PPN, Amaya Zarranz ha defendido como "lo perfecto" la colaboración público-privada, tras lo que ha demandando un mayor control y seguimiento de recursos públicos.

Txema Mauleón (I-E) ha sostenido que es "evidente la apuesta del Gobierno por la gestión privada" y ha alertado sobre "la escasez de inspección pública" y el "aumento espectacular del copago". El parlamentario no adscrito de Geroa Bai Patxi Leuza ha resaltado el incremento de las derivaciones y se ha interesado por el cumplimiento de la legalidad. 
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