ALTA VELOCIDAD
Sustrai Erakuntza pide la dimisión de Zarraluqui por el proyecto del TAV
El Gobierno de Navarra ha tomado una serie de decisiones en relación al TAV que implican "una responsabilidad grave"
- EFE. PAMPLONA
Portavoces de la Fundación Sustrai Erakuntza han solicitado este viernes la dimisión del consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, por su gestión del proyecto de corredor navarro del TAV, cuyas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) han caducado, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El portavoz de la fundación, Martín José Celaya, ha afirmado en la Comisión de Fomento del Parlamento Foral que el Gobierno de Navarra ha tomado una serie de decisiones en relación al TAV que implican "una responsabilidad grave".
Celaya ha criticado especialmente la decisión de iniciar las obras en Navarra, de adelantar un dinero que "se supone que devolverá el Estado", asumiendo por parte de la Comunidad Foral un posible sobrecoste de los trabajos, así como los intereses del préstamo bancario.
En ese sentido, ha asegurado que "es una falacia argumentar que todo este dinero lo va a pagar el Estado y no lo vamos a pagar los navarros y navarras", ya que "da igual" que la financiación "venga de Navarra, de Madrid o Bruselas" porque el dinero público "es de todos".
El portavoz de la fundación ha aseverado que, tras la sentencia del TSJM, el juez "en cualquier momento puede decidir la suspensión cautelar de las obras" y se ha preguntado "quién asume estos costes y este desastre" si se paralizan los trabajos de construcción.
Celaya ha instado al Gobierno de Navarra a que se paralicen de inmediato las obras y todas las actuaciones administrativas que estén en curso y ha exigido la dimisión de Luis Zarraluqui por la "actuación bochornosa" del Gobierno de Navarra en este asunto y por haber gestionado el proyecto "de manera lamentable".
Según ha explicado el abogado de la fundación Eduardo Santos, tras la aprobación de las DIA del proyecto del TAV en 2004, Sustrai Erakuntza pidió la caducidad de las mismas en 2010 al entender que el Real Decreto 1302/86 establecía la pérdida de vigencia de las declaraciones a los cinco años en el ámbito de la Administración General del Estado.
Otra ley de 2008, ha afirmado, ratificó esta caducidad de cinco años, en un momento en el que los tribunales "ya lo estaban aplicando", según consta en varias sentencias de esas fechas.
Santos, quien ha destacado que "es absurdo pretender que una DIA tenga un carácter indefinido", ha señalado en la Comisión que la fundación no pidió la caducidad por un motivo "caprichoso", sino por entender que era necesario reevaluar las declaraciones de impacto ambiental para adaptarlas a la nueva situación.
Sin embargo, ha agregado, la Administración del Estado, con el recurso de casación a la sentencia que va a presentar, intenta "dar cobertura a un muerto" porque la caducidad "es la muerte de un derecho".
El abogado ha declarado que este recurso responde a una "estrategia" habitual en temas medioambientales, que es la de "tirar el balón a la grada y ganar tiempo" cuando hay una sentencia desfavorable.
En el turno de intervención de los grupos, Juan Carlos Longás, de Aralar-NaBai, ha aseverado que el "prurito de legalidad" del Gobierno de Navarra es "muy selectivo", porque en este caso no hay "demasiados indicios de que haya intención de cumplir esa ley".
Longás ha manifestado que la sentencia del TSJM es "demoledora", porque se limita a "citar la ley" y "no entra en ninguna controversia ni problemas de interpretación".
Víctor Rubio, de Bildu, ha mostrado su sorpresa por que "a día de hoy siga habiendo alguien que defienda este tipo de pelotazos que tan nefastas consecuencias están trayendo a la sociedad" y "haya alguien en los gobiernos que siga defendiendo obras faraónicas con un coste escandaloso".
También se ha mostrado sorprendido por que "UPN y este Gobierno ilegítimo sigan empecinados en llevar a cabo estas obras mientras las líneas de alta velocidad en otros sitios se están cerrando".
Por UPN, María Victoria Castillo ha subrayado que éste es un caso de "interpretación legislativa" y ha reiterado que para su partido y para el Gobierno de Navarra las declaraciones ambientales están vigentes ya que hasta la ley de 2006 "no se habla de caducidad" y en 2010 se establece una reducción en la caducidad de cinco a tres años pero se salvaguardan las DIA en las que no haya "modificaciones sustanciales" en las condiciones por las que se aprobaron.
Castillo ha declarado que el Gobierno de Navarra "ha cumplido siempre escrupulosamente" sus obligaciones en este tema y va a seguir con las obras sin que sus actos estén "faltos de seguridad jurídica".
Maite Esporrín, del PSN, ha expresado el apoyo de su partido al proyecto original del TAV, no a la solución provisional del "tercer hilo" planteada por el Gobierno central, y ha resaltado que desean que "se haga bien, acorde con la legalidad" y con un coste para Navarra "lo menor posible".
Ha cerrado la ronda de intervenciones de los grupos Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, quien ha afirmado que éste es "un proyecto totalmente desmesurado y poco justificado" y ha puesto de relieve que "la desidia, la prepotencia, la responsabilidad y la negligencia en torno a esta cuestión son evidentes".
