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en periodo estival

El Parlamento foral estudiará la convocatoria de un pleno extraordinario en verano

  • efe. pamplona
Actualizada 29/07/2013 a las 06:01
La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra se reunirá este lunes para estudiar, entre otros asuntos, la petición de Aralar, Bildu, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai de convocar un pleno extraordinario en este periodo estival.

Los grupos de la oposición desean que en ese pleno extraordinario, entre otras cuestiones, se vote por el procedimiento de urgencia la proposición de ley de PSN, Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai que pretende paralizar los despidos en las empresas públicas.

Esta proposición modifica la ley de creación de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) estableciendo la obligación de la autorización previa del Parlamento para operaciones de transmisión o enajenación de las participaciones en sociedades públicas; la fusión, escisión, transformación, disolución, liquidación y cualquier otra operación de reestructuración de estas empresas; y la presentación de expedientes de regulación y planes de reestructuración de plantillas.

En una disposición transitoria, se establece que esta autorización del Parlamento de Navarra será necesaria para cualquier operación de ese tipo iniciada desde el 1 de enero de 2013, lo que afectaría a la reestructuración de plantillas planteada en mayo por el Gobierno de Navarra.

Asimismo, la Mesa y Junta debatirá la resolución de la presidencia del Parlamento de Navarra en la que decide comparecer y personarse en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central contra la Ley Foral por la que se da nueva redacción a la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.

El pasado día 5 de julio, el Consejo de Ministros acordó la interposición de este recurso al entender que Navarra se extralimita en sus competencias tributarias, al limitar la exención del impuesto de contribución territorial urbana, tanto de la Iglesia católica, como de las demás asociaciones religiosas no católicas que tienen acuerdos con el Estado al amparo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.


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