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SEGÚN UN INFORME

El Parlamento no puede impugnar la negativa a entregar las actas de CAN

Sede de Caja Navarra, actual CaixaBank en la avenida Carlos III de Pamplona
Sede de Caja Navarra, actual CaixaBank en la avenida Carlos III de Pamplona
ARCHIVO/EFE
  • EFE. PAMPLONA
Actualizada 24/06/2013 a las 17:04
Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra concluye con la imposibilidad de impugnar ante la jurisdicción constitucional o la contencioso administrativa la negativa de Gestora de la Fundación de Caja Navarra a entregar las actas de la entidad del periodo 2002-2012.

El informe de los servicios jurídicos señala que el Parlamento en cuanto institución no puede subrogarse en la titularidad del derecho a la información y documentación de los parlamentarios forales, habida cuenta del "carácter personalísimo de los derechos fundamentales".

El Parlamento, agrega, "es sujeto pasivo de la acción de los parlamentarios y no sujeto activo" y por tanto "no está legitimado fuera de los supuestos legales en los que el ordenamiento así lo prevé".

Los juristas concluyen que la posición del Parlamento de Navarra en juicio no está reconocida en el ordenamiento jurídico-constitucional vigente para llevar actuaciones invalidatorias ante cualquier jurisdicción.

Además, se indica en el documento, la naturaleza de las cajas de ahorro como entidades privadas de base fundacional o como fundaciones especiales de base privada "dificulta e imposibilita" la impugnación ante la jurisdicción constitucional o ante la contencioso administrativa del acto denegatorio de las actas de Caja Navarra.

Todo ello, se destaca en el informe, "teniendo en cuenta que se trata de configurar tal legitimación procesal contra un acto de una entidad social de base privada como expresión constitucional del cargo público representativo o de la posición en juicio de un órgano político como es el Parlamento de Navarra".

En el informe se recuerda que el Tribunal Supremo ha abierto un cauce de profundización del control parlamentario y en especial del ejercicio del derecho a la información de los parlamentarios en vía judicial que puede permitir a los parlamentarios o grupos políticos insatisfechos con la respuesta denegatoria del Gobierno acudir directamente los tribunales de justicia.

Sin embargo, se subraya que no existe en el sistema constitucional vigente una legitimación procesal de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, o en el régimen foral, que permita ejercitar en cualquier proceso y ante cualquier instancia pública o privada acciones procesales que permitan subrogarse en la titularidad del derecho de los parlamentarios forales.

Otras actuaciones a título individual de parlamentarios ante otras jurisdicciones ajenas a la constitucional o a la contencioso administrativa, como la jurisdicción civil, "no se han explorado desde la perspectiva de la consideración del cargo del parlamentario foral entendido como una función representativa", se apunta en el informe.

El informe concluye afirmando que la "puerta procesal" del derecho a la información y documentación de los parlamentarios es "muy amplia y tutelada constitucionalmente", pero "no es ilimitada" y "no se ha ensanchado" hasta el límite de configurar "una suerte de legitimación universal que les permita en el ejercicio de sus funciones parlamentarias acceder a cualquier jurisdicción y tipo de proceso por encima o junto a lo que dispongan a tales efectos las leyes procesales".


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