La juez remite al Supremo las dietas de CAN para que valore imputar a Barcina

La juez que investiga el caso de las dobles y triples dietas de Caja Navarra (CAN) ha remitido la causa al Tribunal Supremo para que valore tomar declaración como imputada a la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, por un presunto delito de cohecho impropio.

Con esta decisión, la investigación de las polémicas dietas de Caja Navarra pasaría a ser responsabilidad del Alto Tribunal, en contra de las opiniones de la Fiscalía, que entiende que no hay delito penal, y de las acusaciones populares, la asociación Kontuz y el partido UPyd, que son favorables a que la investigación siga en los juzgados de la capital navarra.

El Supremo deberá decidir ahora si asume el caso, si lo devuelve al juzgado de instrucción número 3 de Pamplona o lo traslada a otra instancia, como el juzgado central número 6, según el auto hecho público esta mañana por la jueza

La jueza María Paz Benito, titular del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, ha tomado esta decisión en base al auto que hizo publico el pasado día 4 de junio, en el que decía que era "indispensable" tomar declaración como imputada por un delito de cohecho impropio a Barcina en el Tribunal Supremo, ya que es persona aforada.

En el citado auto, la jueza destaca el nulo soporte normativo o estatutario de las reuniones de la denominada Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de Caja Navarra, un órgano integrado por Miguel Sanz, Álvaro Miranda, Enrique Maya y Barcina, y por el que cobraron las polémicas dietas.

Este órgano se reunía en dos sesiones consecutivas en un mismo día y por cada una de ellas se pagaban 2.680 euros brutos para el presidente y 1.717 para los demás miembros, cantidades que no se identificaban como dietas, no aparecían con esa denominación en las cuentas de la Caja y no se ponían en conocimiento del Banco de España ni de la CNMV, por lo que "quedaban al margen de cualquier publicidad, control o fiscalización", según el auto.

La jueza concluye que se trató de unas reuniones que "son la base, excusa o justificación de devengo de unas dietas", que carecen de soporte normativo, cuya composición es decidida por el presidente del órgano con el beneplácito del director de Caja Navarra y que no son conocidas ni por los órganos de gobierno de la entidad ni por los demás miembros de la JEF.

Por el caso de las dietas, están ya imputados el expresidente navarro Miguel Sanz, el exconsejero de Economía Álvaro Miranda, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al exdirector de la entidad financiera Enrique Goñi, quienes ya han declarado ante la juez y han defendido su inocencia.

La juez considera en su auto del 4 de junio que es "irrelevante" que Sanz, Maya, Miranda y Barcina hayan devuelto las dietas, unos 68.000 euros en el caso de la presidenta, y apunta a la existencia de un presunto delito de cohecho impropio.

La investigación judicial de las dietas de Caja Navarra comenzó tras presentar una denuncia la asociación "Kontuz", que ha convocado para el próximo sábado una manifestación para pedir la dimisión de la presidenta de Navarra, y del partido UPyD, que pedía extender la imputación también a los delitos de cohecho propio y prevaricación.



LA JUEZ DICE QUE LA PERMANENTE COBRÓ DIETAS "CARENTES DE JUSTIFICACIÓN"

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha afirmado que los cargos políticos integrantes de la Comisión Permanente de Caja Navarra cobraron dietas "carentes de justificación" en un órgano que no tenía "soporte estatuario".

Así lo asegura la juez en la exposición razonada que ha enviado al Tribunal Supremo, para que éste valore la pertinencia de tomar declaración como imputada a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina.

En su exposición razonada, la magistrada señala que la previsión que se hace en los estatutos de la Caja respecto a la celebración de estas reuniones es "nula" y señala que "en modo alguno da a entender que pueda existir un órgano distinto o una forma de trabajo diferente a la prevista". "Debe tenerse en cuenta que en relación a los órganos de gobierno de la entidad, sí existen comisiones o comités, pero todos ellos están previstos, al menos de un modo genérico, en los estatutos", añade.

La juez considera que los hechos "podrían ser constitutivos de un delito de cohecho" y señala que los miembros de la Permanente formaban este órgano "sólo por su función en la institución pública que representan y consecuentemente reciben las dietas correspondientes".

La exposición razonada añade que "el hecho de que hayan recibido esas cantidades carentes de justificación de Caja Navarra compromete o puede comprometer su imparcialidad en cuanto a la actuación que hubieran podido llevar a cabo en relación a la entidad, teniendo en cuenta que se trata de las entidades fundadoras y que al Gobierno de Navarra corresponde el protectorado público de la entidad".