Defensor del Pueblo de Navarra

Javier Enériz propone cambios en la Ley de Tasas Judiciales

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Actualizada 28/11/2012 a las 10:40
  • EFE. Pamplona
El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha solicitado a la Defensora del Pueblo de España que analice la nueva Ley de Tasas Judiciales y sugiera su modificación para "garantizar" el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho de acceso a la tutela efectiva de jueces y tribunales.

Según Enériz, la aplicación de las nuevas tasas judiciales que establece la Ley puede resultar "en algunos casos excesivamente gravosa" respecto de personas físicas que han de abonarlas, e incluso "incidir negativamente en sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la igualdad  de trato".

Entiende el Defensor que el "punto clave" de la reforma reside en la introducción de las personas físicas en la lista de quienes se encuentran sujetos al pago de las tasas judiciales, de las que, hasta ahora, estaban exentos ya que hasta ahora solo pagaban tasas las empresas que facturaban más de ocho millones de euros al año.

Ahora lo harán también cualquier persona física que presente una demanda civil, contencioso-administrativa o social, salvo en los supuestos excepcionados por la Ley.

Enériz considera que hacer sujeto pasivo de las tasas judiciales a las personas físicas con carácter general "no se compadece bien con la efectividad del derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva" sancionado por la Constitución, y podría haber casos de vulneración de este derecho fundamental.

A su entender, tampoco se compadece con el derecho fundamental a la igualdad de trato en la Ley el hecho de que las exenciones respecto de las personas físicas tengan su razón de ser en garantizar el acceso a la justicia de las personas con escasos recursos económicos y solo respecto de ellos.

Los ciudadanos con cierta capacidad económica las habrán de abonar, y, sin embargo, esas exenciones se extienden a las Administraciones públicas, a las Cortes Generales, a los Parlamentos autonómicos, o al Ministerio fiscal, instituciones todas ellas con capacidad económica más que suficiente para abonar las tasas de las acciones judiciales que inicien.

Otro aspecto que a juicio del defensor debería modificarse es el que dispone que no pagarán tasas la interposición de demanda y la interposición de ulteriores recursos cuando se trate de los "procedimientos especialmente establecidos" para la protección de derechos fundamentales y libertades públicas.

Para Enériz, no hay justificación suficiente para diferenciar el proceso ordinario del proceso especial, a efectos del cobro de tasas, y lo único trascendente en estos casos no es el procedimiento como tal, sino su finalidad, esto es, la protección del derecho fundamental que el ciudadano trata de restablecer, siendo secundario el procedimiento elegido para su defensa.

Un tercer punto de crítica se encuentra en que las nuevas tasas judiciales "en bastantes casos no parecen responder exclusivamente al criterio del coste económico del servicio judicial prestado", que "nunca debe superarse", y añade que "no es fácil encontrar explicación a las notables diferencias entre tasas que se establecen", que llega a calificar de "claramente desproporcionadas".

Otro punto de crítica se encuentra en las cantidades variables en atención a la cuantía del proceso judicial, que han de abonarse además de las que corresponda en función del tipo de proceso.

Asimismo, el Defensor del Pueblo de Navarra observa un alejamiento del principio de "justicia" que informa todo el ordenamiento jurídico español en la previsión de que los trabajadores que tengan que acudir a juicio para defender su empleo y su puesto de trabajo, estén exentos de abonar tasas en el proceso ordinario, y, sin embargo para seguir defendiendo ese mismo empleo en apelación o en casación deban abonar 500 o 750 euros.

Por todo ello, Enériz se apoya en la competencia que tiene la Defensora del Pueblo para sugerir a las Cortes Generales o al Gobierno modificaciones legislativas cuando el cumplimiento riguroso de una norma pueda provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, y hace una serie de peticiones.

Así, propone que se incluyan como exentas de las tasas a las personas físicas, y, en su defecto, las personas físicas pertenecientes a las clases bajas y medias, con ingresos anuales brutos inferiores a un determinado límite, de 30.000 ó 40.000 euros.

En todo caso, con independencia de sus ingresos, pide excluir del pago de tasas judiciales los procesos judiciales en que los ciudadanos defiendan uno varios derechos constitucionales o de los miembros de su familia que hayan podido ser lesionados.

Por el contrario, Enériz entiende que sí deberían abonar tasas judiciales las Administraciones públicas en los casos en que vean desestimados sus recursos o acciones en pleitos en los que se analicen actos que hayan lesionado derechos de los ciudadanos.

En el supuesto de que no se considerasen oportunas las anteriores sugerencias, cree que las tasas judiciales deben responder en todo caso a cuantías proporcionadas en consideración al principio de equivalencia, de tal modo que "en ningún caso impidan ni disuadan del acceso a la tutela judicial".
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