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PROYECTO DE LEY

El Gobierno navarro "redobla esfuerzos" contra el fraude fiscal

  • Será de obligado cumplimiento declarar las cuentas abiertas en el extranjero en entidades de crédito, así como aportar la información sobre los titulares, beneficiarios y personas autorizadas en relación con las mismas.
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  • También lo serán los seguros de vida o invalidez y las rentas vitalicias o temporales contratadas con entidades extranjeras, así como los títulos, activos y valores depositados fuera de España o cedidos a terceros.
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  • Asimismo, serán de declaración obligatoria los bienes inmuebles en el extranjero y derechos que sobre éstos posean los declarantes navarros.

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Actualizada 31/10/2012 a las 14:37
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  • EFE. PAMPLONA
El Gobierno foral ha aprobado en su sesión de este miércoles un nuevo proyecto de ley foral de medidas tributarias que "redobla el esfuerzo" contra el fraude fiscal y que mejorará los 115,8 millones de euros de recaudación pública regularizados en Navarra en los ocho primeros meses de este año.

La nueva propuesta legal, remitida este miércoles al Parlamento para su tramitación junto al Proyecto de Presupuestos Generales para 2013 y de reforma fiscal, se centra en la lucha contra la ocultación de los bienes de navarros en el extranjero y en la extensión de la responsabilidad en el pago a la Hacienda.

Básicamente, la nueva propuesta legal del Ejecutivo se centra en la lucha contra el fraude en dos ámbitos, por un lado el de garantizar el pago de las deudas tributarias a través de nuevas medidas que impidan los impagos a la Hacienda Foral en los procesos de sucesión, concurso de acreedores o liquidación de empresas.

El otro frente es reforzar la obligación de declarar los bienes que las personas físicas y jurídicas tengan en el extranjero.

Así, el Gobierno propone, tanto para el IRPF como el Impuesto de Sociedades, establecer una obligación específica de información sobre bienes y derechos de los declarantes situados en el extranjero, así como un régimen sancionador especial para quienes incumplan esta obligación, con una sanción mínima, también para las personas físicas, de 10.000 euros.

Sería de obligado cumplimiento declarar las cuentas abiertas en el extranjero en entidades de crédito, así como aportar la información sobre los titulares, beneficiarios y personas autorizadas en relación con las mismas.

También lo serán los seguros de vida o invalidez y las rentas vitalicias o temporales contratadas con entidades extranjeras, así como los títulos, activos y valores depositados fuera de España o cedidos a terceros.

Asimismo, serían de declaración obligatoria los bienes inmuebles en el extranjero y derechos que sobre éstos posean los declarantes navarros.

La propuesta consideraría como incrementos no justificados de patrimonio todos los bienes y derechos que los inspectores de Hacienda descubran en el extranjero, con independencia de que el titular de los mismos justifique que los posee desde fecha anterior al periodo impositivo objeto de la inspección.

Sólo se exceptuarían de esta norma los bienes y derechos que los navarros que lo deseen informen voluntariamente dentro del periodo especial habilitado para tal fin por la vigente normativa tributaria, tal y como ha aprobado el Gobierno de España para el territorio de régimen común.

En este ámbito, se aprueban modificaciones normativas que impidan que empresas en situaciones concursales o de liquidación evadan sus obligaciones tributarias, aprovechando los resquicios de las normas que les son actualmente de aplicación.

Según ha explicado en conferencia de prensa la vicepresidenta primera y consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, el proyecto de ley complementa a la propuesta de Presupuestos y de Reforma Fiscal, que se centran en "mejorar la recaudación de la Hacienda foral mediante la reactivación de la economía y de la generación de empleo y no mediante el aumento de tipos impositivos".

A este objetivo, que supone que "tanto empresa como trabajadores aporten más porque ganan más", se pretende añadir ahora la mejoría de los ingresos intentando que "quienes hasta ahora han conseguido burlar la obligación de contribuir, empiecen a hacerlo".

El de lucha contra el fraude fiscal se trata, pues, de un proyecto de ley "que no tiene consecuencias prácticas para la gran mayoría de las personas y empresas que sí cumplen de manera solidaria con sus obligaciones. Pero a la minoría que no lo hace, con estas obligaciones les vamos a poner las cosas mucho más difíciles y vamos a garantizar que antes o después paguen los impuestos que les corresponden", ha subrayado.

Entre las medidas propuestas, se impedirán las maniobras para imposibilitar cobrar las obligaciones tributarias pendientes, ya que los socios de empresas disueltas y liquidadas responderán no sólo hasta el valor de la cuota de liquidación que les ha correspondido, sino también por el valor del resto de percepciones recibidas de esa sociedad en los dos últimos años antes de la disolución.

Se busca además combatir otras actuaciones legales de los deudores para evitar el pago de sus obligaciones, y como medidas cautelares se evita la disposición y enajenación de bienes y derechos por parte de quienes no cumplan primero con sus obligaciones tributarias.

También se propone la ampliación de los embargos a deudores; la reducción del 40 % del importe de las sanciones por prestar conformidad en el supuesto de derivación de responsabilidades, pero supresión de esas reducciones para quienes presenten recursos ante Hacienda.

Además, se sancionará a los administradores que presentan autoliquidaciones sin ingreso o con ingreso menor al 25 % de las cuotas correspondientes y en esos mismos periodos si satisfacen créditos de terceros que no sean preferentes a las obligaciones tributarias, con lo que se quiere evitar una práctica de sociedades que presentan autoliquidaciones sin intención real de cumplimiento de la obligación.

A ello se une la intención de dotar de mayor competencia a los equipos técnicos y de inspección de Hacienda y colaboración estrecha con fiscales y jueces, ha dicho Goicoechea, quien sobre la petición del Parlamento de incrementar el número de inspectores, ha advertido de que "hay que mejorar todo el procedimiento", pues no es efectivo detectar irregularidades si después no se materializa la penalización y la recaudación.
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